Guatemala asumió la presidencia del Protocolo de Tikal durante la XXXIX Conferencia regional celebrada del 3 al 4 de noviembre en Antigua Guatemala, con una agenda centrada en tecnología, ciberseguridad e innovación para los procesos electorales. El relevo desde Honduras coloca al país al frente de la cooperación entre organismos comiciales de Centroamérica y el Caribe, mientras el Tribunal Supremo Electoral prepara las elecciones generales de 2027.
La conducción pro tempore fue entregada por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, Mario Flores Urrutia, a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo. La ceremonia reunió a magistrados y representantes electorales de nueve países de la región.
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El encuentro congregó delegaciones de Antigua y Barbuda, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía, además de Guatemala como país anfitrión. También participó José Thompson, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
La presidencia guatemalteca deberá dar continuidad a los mecanismos de cooperación y al intercambio de experiencias entre las instituciones que integran la asociación. El Tribunal Supremo Electoral informó que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros y respaldar procesos democráticos confiables y transparentes.
Tecnología y seguridad para la transmisión de resultados
La edición XXXIX de la conferencia tiene como tema central “Tecnología, Ciberseguridad e Innovación”. Durante las dos jornadas, las delegaciones abordaron las prácticas aplicadas a la transmisión de resultados, la incorporación de herramientas tecnológicas a la votación y los riesgos digitales vinculados con su implementación.
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Los organismos electorales compartieron experiencias de comicios anteriores para identificar mecanismos que puedan adaptarse a las condiciones de cada país. La discusión busca elevar la confianza ciudadana mediante sistemas que resguarden la seguridad de la información electoral.
Rivera Acevedo recibió la presidencia en un momento en que Guatemala avanza con la planificación de sus próximos comicios. Las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano están previstas para el 27 de junio de 2027.
El Tribunal Supremo Electoral solicitó al Congreso de la República un presupuesto de 2.776 millones de quetzales para ese proceso. De ese monto, 2.181 millones de quetzales se destinarían específicamente a la organización electoral.
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La partida solicitada para los comicios representa un incremento de 588 millones de quetzales frente a los recursos asignados para la elección de 2023. La convocatoria oficial está prevista para el 22 de enero de 2027.
Un padrón de más de 10 millones de ciudadanos y el Protocolo de Tikal
El padrón electoral guatemalteco supera los 10 millones 234 mil ciudadanos inscritos. La estimación es que alcance cerca de 12 millones de personas habilitadas para votar antes del cierre del empadronamiento, fijado para el 20 de marzo de 2027.
A finales de octubre, el organismo presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, que coordinará la prevención y la respuesta ante riesgos desde la etapa previa a los comicios hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Esa instancia se integra a los preparativos institucionales para la jornada electoral.
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El Protocolo de Tikal fue creado en 1985 por iniciativa de Jorge Mario García Laguardia y Arturo Herbruger, entonces magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La entidad es considerada la primera asociación de organismos electorales del mundo.
Desde su fundación, el mecanismo ha promovido la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo entre las instituciones electorales de Centroamérica y el Caribe. Su estructura funciona como un espacio para el intercambio de experiencias orientadas al fortalecimiento de los sistemas democráticos regionales.
La presidencia asumida por Guatemala incorpora a esa agenda regional los desafíos de la digitalización electoral, la protección frente a amenazas cibernéticas y el desarrollo de tecnologías para la transmisión de resultados.
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