La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) retuvo 51.624 pares de tenis con un valor aduanero de USD 2,9 millones en Puerto Quetzal, Escuintla, durante un operativo efectuado el martes 3 de noviembre de 2026 por presunta falsificación de marcas y falta de documentación para importar la mercancía a Guatemala.
Los productos estaban distribuidos en dos cargamentos que pretendían ingresar al país sin cumplir los requisitos establecidos. La mercadería quedó bajo resguardo mientras las autoridades verifican posibles vulneraciones a derechos de propiedad intelectual e irregularidades en los trámites aduaneros.
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El procedimiento reunió a personal de la SAT, el Ministerio de Gobernación y representantes legales de marcas internacionales. La revisión detectó posibles anomalías en el uso de signos distintivos protegidos, además de la ausencia de autorizaciones y pólizas requeridas para el ingreso legal de los productos.
La entidad tributaria no identificó las marcas que podrían haber resultado afectadas, el país de origen de los cargamentos ni las empresas consignatarias. Tampoco comunicó si hubo personas detenidas o si se presentaron denuncias penales vinculadas con el caso.
Dos envíos con calzado valuado en Q 22,1 millones
El primer cargamento contenía 39.480 pares de calzado deportivo, con un valor en aduana estimado en Q 13,9 millones. El segundo envío llevaba 12.144 pares de tenis y su valor declarado ante las autoridades alcanzaba aproximadamente Q 8,2 millones.
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El valor en aduana es la estimación que utilizan las autoridades para fines tributarios y de control de importaciones. Esa cifra no equivale necesariamente al precio final que los productos habrían tenido en el mercado guatemalteco.
La operación fue coordinada por la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, conocida como COINCON, una instancia integrada por entidades estatales y representantes del sector privado. Su función es prevenir e investigar delitos relacionados con el contrabando y la defraudación aduanera.
La participación de representantes de las marcas permite revisar características de los artículos, como empaques, etiquetas y signos comerciales. Esas verificaciones pueden ayudar a establecer si los productos vulneran derechos de propiedad intelectual.
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La SAT señaló que el contrabando aduanero incluye el ingreso o la salida clandestina de mercancías para evadir los controles oficiales, incluso cuando la operación no cause de manera directa una afectación fiscal. Las sanciones por contrabando o defraudación pueden incluir multas, comiso de la mercadería y procesos penales.
En una importación, la documentación puede incluir declaraciones aduaneras, facturas comerciales, documentos de transporte, certificados de origen y permisos específicos cuando sean necesarios. La falta de respaldo o la presentación de información inconsistente puede derivar en la inmovilización de los bienes y en investigaciones posteriores.
Los controles de la SAT se mantienen en Puerto Quetzal y en otros puntos fronterizos y aduaneros del país. Durante 2025, la COINCON registró 2.142 decomisos en operativos conjuntos contra el contrabando y la defraudación, con mercancía valuada en Q 119,6 millones, de acuerdo con datos oficiales.
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El precedente de Chiquimula por inconsistencias documentales
La retención en la terminal marítima se sumó a un procedimiento realizado el 15 de octubre en el Puesto de Control Interinstitucional de Chiquimula. Allí, la SAT informó la incautación de 3.763 prendas de vestir por inconsistencias en el uso de una Factura y Declaración Única Centroamericana, identificada como FYDUCA.
Ese documento respalda determinadas transferencias comerciales entre países de la región. La mercadería retenida en Chiquimula tenía un valor en aduana de Q 156.163,45.
El operativo terrestre contó con la coordinación del Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio Público. A diferencia del caso de Puerto Quetzal, vinculado con un envío marítimo de gran volumen y una posible falsificación de marcas, aquel procedimiento surgió por irregularidades documentales detectadas en un puesto de control.
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Las autoridades no han detallado el destino final de los pares de tenis retenidos en Puerto Quetzal. La resolución dependerá de las verificaciones administrativas y de las eventuales acciones legales derivadas de la investigación.
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