
Guatemala llega a 2026 con una de las macroeconomías más estables de América Latina, aunque enfrenta límites estructurales que comprometen la capacidad de sostener el crecimiento.
El Reporte de País 2026 de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) advierte que la actividad económica continúa apoyada en las remesas y el consumo interno, mientras la inversión productiva, el empleo formal y la institucionalidad mantienen rezagos.
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La economía creció 4,3% en 2025 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una expansión de 3,8% para 2026.
La proyección incorpora el efecto del alza de los precios del petróleo. El resultado se ubica por encima de varias economías de la región, aunque apenas supera el crecimiento potencial del país, calculado en 3,5%.
Esa diferencia resulta insuficiente para incorporar a la población joven que cada año busca empleo. Fundesa plantea que el período 2027-2030 exigirá modificar el modelo actual y sustituir el peso de las remesas por fuentes más sostenibles de expansión.

Las remesas pierden ritmo y la inversión aún tiene un peso limitado
La estabilidad macroeconómica se sostiene en una deuda pública baja, equivalente al 27,5% del producto interno bruto (PIB) en 2026, reservas internacionales por USD 32,700 millones y una inflación de 4,69% interanual en septiembre, dentro de la meta oficial.
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Sin embargo, las remesas, que sostienen una parte relevante del consumo de los hogares, desaceleraron su ritmo. Entre enero y septiembre de 2026 aumentaron 5,5%, lejos del crecimiento cercano al 20% que habían registrado en el mismo período de 2025.
La inversión extranjera directa también muestra una tendencia positiva, aunque todavía limitada para las necesidades de la economía.
En 2025 alcanzó USD 1,882 millones, un incremento de 8.8%. Para este año, la previsión es que supere por primera vez los USD 2,000 millones sin considerar operaciones extraordinarias.

Ese monto equivale a cerca de 1,5% del PIB y queda por debajo de los flujos que recibe Costa Rica, donde la inversión extranjera ronda los USD 5.600 millones anuales.
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En Guatemala, buena parte de los capitales se dirige a servicios destinados al mercado interno, con una presencia menor de manufacturas exportadoras y encadenamientos productivos.
Puertos, permisos y talento técnico condicionan la llegada de capital
El informe identifica a la infraestructura como una de las principales restricciones. Los puertos saturados, la red vial deficiente y los problemas de ejecución pública elevan los costos para las empresas y reducen la competitividad del país.
Fundesa también señala la escasez de trabajadores técnicos y bilingües, los trámites sin plazos previsibles y la falta de certeza jurídica en contratos, licencias y concesiones.
Según el documento, la simplificación y la digitalización de los procedimientos podrían atraer hasta USD 1.200 millones adicionales de inversión extranjera.
La brecha entre el presupuesto y la ejecución de obras expone ese desafío. El gasto de capital previsto equivale a 3,2% del PIB, pero la inversión que efectivamente se transforma en infraestructura se mantiene entre 1,5% y 1,6%.
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Al 3 de septiembre de 2026, el Ministerio de Comunicaciones había ejecutado apenas 35,4% de su presupuesto. El proyecto de presupuesto para 2027 asciende a Q192.045 millones, aunque el reporte remarca que una mayor asignación no garantiza mejores resultados si persisten los problemas de planificación, contratación y ejecución.
El empleo formal alcanza un récord, pero la informalidad abarca a casi dos tercios
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registró 1,81 millones de cotizantes en julio de 2026, la cifra más alta de su historia. El dato refleja una ampliación del empleo formal, aunque no modifica la dimensión de la informalidad laboral.
El 64,9% de los ocupados trabaja fuera del sistema formal. Esa condición deja a la mayoría sin cobertura del salario mínimo, seguridad social y otras protecciones vinculadas con una relación laboral registrada.
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El salario mínimo no agrícola en el departamento de Guatemala llegó a Q4.252 (USD 552) mensuales en 2026, luego de dos aumentos consecutivos por encima de la inflación.

Fundesa observa que la cifra supera la mediana salarial del sector privado formal, estimada en Q3.500 (USD 455), una situación que puede presionar a pequeñas y medianas empresas, sobre todo fuera de la capital.
El documento propone una fórmula técnica que vincule los ajustes salariales con la inflación y la productividad, además de ampliar las circunscripciones territoriales para contemplar las diferencias entre actividades y regiones.
La desnutrición y el Estado de Derecho mantienen las brechas sociales
Los desafíos económicos se suman a déficits sociales persistentes. El 46% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, mientras la cobertura educativa y los resultados de aprendizaje continúan rezagados.
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En el plano institucional, Guatemala obtuvo 0.44 sobre 1 en el Índice de Estado de Derecho 2025, sin cambios frente a 2015. Para Fundesa, la previsibilidad de las reglas resulta central para impulsar la inversión y mejorar la capacidad estatal.
El reporte propone concentrar los esfuerzos en ejecutar infraestructura, facilitar los proyectos privados, fortalecer el capital humano, proteger la base tributaria y asegurar reglas estables para contratos, licencias y concesiones.
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