
Siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron puestos a disposición de los tribunales el 23 de octubre por presuntas irregularidades durante la detención de los hermanos Choc Toz, ocurrida seis días antes tras el ataque armado en el que murieron el abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte, zona 5 de la capital.
Los detenidos son un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes de la Comisaría 13. El Ministerio de Gobernación informó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.
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Los siete policías fueron trasladados a la Torre de Tribunales para comparecer ante la autoridad judicial competente. Sus identidades no fueron divulgadas porque aún debían rendir su primera declaración y rige el principio de presunción de inocencia.
Traslados no informados y ruptura de la línea de mando
La investigación se concentró en las circunstancias que rodearon la captura de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron detenidos en la zona 16 después del crimen. La PNC los presentó inicialmente como sospechosos de participar en el ataque, pero un juez dictó falta de mérito a favor de ambos durante la audiencia de primera declaración y ordenó su libertad.
El subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, reconoció irregularidades durante una citación con diputados el 21 de octubre de 2026. Explicó que los detenidos fueron llevados a una subestación policial, aunque el procedimiento establecía su traslado directo a la Torre de Tribunales.
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También se registraron transbordos entre autopatrullas y cambios de ruta que no fueron comunicados a los mandos superiores. Jacinto sostuvo que esas decisiones quebraron la cadena de comunicaciones dentro de la institución: “De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan. Al no llegar la información directa a nosotros… en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando”.
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó al día siguiente, durante una reunión con diputados del bloque VOS, que varios agentes y el jefe de la Comisaría 13 habían sido separados de sus funciones mientras avanzaban las pesquisas internas.
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La revisión del vehículo policial utilizado en el traslado
El Ministerio Público (MP) inspeccionó el 22 de octubre la Dirección General de la PNC como parte de las diligencias. Los fiscales revisaron una autopatrulla identificada como GUA 13190, que habría sido usada para trasladar a los hermanos Choc Toz después de su captura.
La revisión abarcó el interior, el exterior y la bahía del motor del vehículo policial. La Inspectoría General de la PNC abrió la investigación interna por instrucciones del Ministerio de Gobernación, que además anunció medidas administrativas para el personal bajo pesquisa.
La cartera sostuvo que ninguna actuación policial queda fuera del alcance de la ley y que toda presunta irregularidad debe ser investigada sin importar el rango de los involucrados. El proceso forma parte de una revisión de los procedimientos, mecanismos de supervisión y niveles de mando de la institución, anunciada el 20 de octubre.
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La revisión se extenderá a la estructura, conducción y funcionamiento de la fuerza policial para detectar deficiencias y aplicar correcciones. Las autoridades indicaron que la información pública será limitada mientras continúen las actuaciones judiciales, en resguardo del debido proceso.
El abogado defensor de los hermanos Choc Toz cuestionó además la procedencia de una carabina que, según el reporte policial, fue localizada entre las pertenencias de los detenidos. La Policía indicó que el arma estaba registrada a nombre de un particular y no tenía reporte de robo.
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