“La Tumba”: La cárcel de máxima seguridad que Santa Cruz, Bolivia quiere construir inspirada en el modelo Bukele

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció el viernes que gestiona recursos para construir una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de Nayib Bukele, con el objetivo de aislar a los delincuentes peligrosos e impedir que dirijan organizaciones criminales desde prisión. El departamento oriental es el más poblado de Bolivia, informó EFE.

El complejo estará ubicado en una zona aislada del Chaco cruceño, al sur del departamento y lejos de los centros urbanos. Tendrá vigilancia permanente, comunicaciones externas estrictamente controladas mediante videollamadas y un régimen de máxima seguridad ajustado a la ley.

Velasco anticipó que el establecimiento se llamará “La Tumba” y lo presentó como una respuesta al uso de las cárceles por parte del crimen organizado. “Se acabaron las cárceles convertidas en oficinas del crimen organizado. Los delincuentes peligrosos deben estar aislados de la sociedad, no dirigiendo sus negocios desde una celda”, afirmó.

El gobernador añadió: “Los derechos se respetan, pero los privilegios criminales se terminan”. Su propuesta toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, la prisión salvadoreña concebida para recluir a integrantes de pandillas y otros grupos criminales.

Santa Cruz, entre Palmasola y la nueva propuesta de aislamiento

Bolivia cuenta con una sola cárcel clasificada como de máxima seguridad: Chonchocoro, situada en el altiplano de La Paz. En Santa Cruz funcionan cuatro centros de reclusión principales bajo administración de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

El mayor de ellos es Palmasola, un penal para hombres y mujeres ubicado dentro del área urbana de la ciudad de Santa Cruz, capital regional. También es la cárcel más poblada y conflictiva del país.

En agosto de 2013, un enfrentamiento entre reclusos dejó 35 muertos en Palmasola, entre ellos tres extranjeros y un bebé de 18 meses. Dos años más tarde, el papa Francisco visitó ese penal.

El sistema penitenciario boliviano alberga a más de 33.000 personas en 46 centros, con un hacinamiento cercano al 109%, de acuerdo con información difundida a principios de septiembre por la Defensoría del Pueblo. La propuesta cruceña plantea separar a los internos considerados de mayor peligrosidad del resto de la población penal.

Velasco pertenece a la alianza opositora Libre, vinculada al expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002. Antes de ser elegido gobernador en los comicios regionales de marzo, fue compañero de fórmula de Quiroga en las elecciones generales de 2025.

El CECOT y los 16 proyectos penitenciarios en América Latina

El CECOT fue inaugurado en febrero de 2023 en Tecoluca, a unos 70 kilómetros de San Salvador, y tiene capacidad para 40.000 personas. Fue construido en siete meses y se convirtió en una pieza central de la política de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Desde su apertura, gobiernos de 10 países latinoamericanos anunciaron 16 proyectos de megacárceles, según un relevamiento de Insight Crime difundido por Infobae. Las iniciativas abarcan desde Centroamérica hasta el Cono Sur, aunque varios planes permanecen en etapas iniciales, fueron suspendidos o no recibieron autorización.

El mayor proyecto fuera de El Salvador es el Centro de Retención de Emergencia de Honduras, diseñado para 20,000 internos y anunciado durante el gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro. Ecuador proyectó otro complejo para 15,120 reclusos durante la administración de Daniel Noboa, aunque aún no tiene nombre oficial.

Noboa respaldó públicamente la comparación con el modelo salvadoreño al presentar sus planes carcelarios. En enero de 2024, declaró un conflicto armado interno contra grupos criminales en medio del aumento de la violencia vinculada a las rutas de la cocaína.

Ecuador ya cuenta con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, conocido como Cárcel del Encuentro, destinado a internos de máxima seguridad y alto riesgo. Ese establecimiento, ubicado en la provincia de Santa Elena, dispone de 800 plazas.

Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, en Alto Paraná, con capacidad para 1,300 presos de máxima seguridad y alto riesgo. El penal comenzó a recibir traslados masivos en agosto de 2025 y sus cupos equivalen a poco más del 3% de la capacidad del CECOT.

Argentina construye cerca de Rosario el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, denominado El Infierno, que tendrá 1,152 plazas. El proyecto está destinado a presos de máxima seguridad y alto perfil en una ciudad que se consolidó como uno de los focos de violencia y tráfico de drogas del país.

El relevamiento también incluye el Complejo Penitenciario Talca, en Chile, previsto para 2,500 personas; el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Infierno, en Guatemala, con 2,000 plazas; y una cárcel en Copiapó, Chile, para 2,160 internos.

Panamá, Ecuador y Perú obtuvieron autorizaciones para nuevos complejos, pero las obras no habían comenzado al momento del estudio. Honduras descartó una prisión en las Islas del Cisne por razones ambientales, Sin embargo están analizando optar por el modelo Bukele en el país; mientras que Perú no aprobó una iniciativa para construir un penal de 30,000 personas en Ananea, en el departamento de Puno, aunque a finales de octubre la presidenta Keiko Fujimori, visitará el país centroamericano de El Salvador, donde podrá conocer el modelo penitenciario.

Insight Crime advirtió que ampliar la capacidad penitenciaria no frena por sí sola al crimen organizado. El hacinamiento, la falta de personal y los recursos limitados pueden facilitar que los presos se organicen y disputen el control de territorios y economías ilegales dentro de las cárceles.

Durante años, las prisiones salvadoreñas también funcionaron como centros de operaciones de pandillas. El CECOT se distingue por un confinamiento permanente: los internos no tienen contacto con familiares ni con el exterior, permanecen en celdas sin ventanas y afrontan restricciones para acceder a la defensa legal.