El juez EduardoOrozco concedió el 17 de septiembre la libertad bajo medidas sustitutivas a Andrés Alcázar Crespo, sexto implicado en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, pese a que sigue procesado por plagio o secuestro en grado de complicidad y la víctima continúa desaparecida.
Los secuestradores exigieron Q5 millones (USD 649 mil) para liberar al odontólogo y negociaron con su familia durante nueve días. Un familiar entregó Q763 mil (USD 99 mil ) el 5 de junio de 2025 en una gasolinera de la avenida Hincapié, en la zona 13, pero desde entonces no hubo nuevas comunicaciones con Martínez Murillo.
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La resolución del Juzgado de Mayor Riesgo B impuso arresto domiciliario, arraigo, control telemático y una caución de Q10 mil. Ahora, Alcázar Crespo podrá movilizarse por los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, además de la capital, aunque no podrá salir de Guatemala sin autorización judicial.
El joven deberá registrar su huella dactilar en el sistema biométrico cada mes y presentarse ante el Ministerio Público (MP). El dispositivo de control telemático será costeado por el Estado y no por el procesado.
Los indicios sobre teléfonos y chips del secuestro
La investigación ubica a Alcázar Crespo en la compra de chips telefónicos que habrían sido utilizados por los secuestradores para negociar el rescate. De acuerdo con el MP, cinco números empleados en esas comunicaciones fueron activados con su Documento Personal de Identificación.
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También surgió un hallazgo sobre la compra de un teléfono celular el 28 de mayo de 2025, el mismo día del secuestro. El aparato fue adquirido en un comercio de Pradera Concepción, en el kilómetro 15 de la carretera a El Salvador, y el registro de la operación consignó el documento de Alcázar Crespo.
La tienda está situada a 16 kilómetros del área donde fue interceptado el Odontólogo, después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo, Villa Canales. Se desconoce si ese teléfono fue utilizado en las coordinaciones del secuestro o cuál fue el propósito de su compra.
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La Fiscalía sostuvo que los documentos y testimonios reunidos vinculan al procesado con la adquisición de los teléfonos y chips usados el día del plagio y después por los presuntos responsables. También advirtió que su liberación podía facilitar una eventual colaboración con dos personas que permanecen prófugas.
Alcázar Crespo, de 19 años, fue detenido el 9 de julio, siete días después de que se emitiera la orden de captura en su contra. La audiencia de etapa intermedia fue fijada para el 29 de septiembre, cuando se discutirá si debe enfrentar juicio.
La discusión sobre la prisión preventiva
La defensa argumentó que, aunque el secuestro no figura entre los delitos que permiten medidas sustitutivas, las convenciones internacionales y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contemplan la posibilidad de otorgar libertad a los procesados para evitar vulneraciones a sus derechos.
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El MP se opuso a la petición porque la ley prohíbe de forma expresa que una persona procesada por secuestro, en cualquiera de sus formas o grados, acceda a una medida sustitutiva. Sin embargo, Orozco consideró los argumentos de la defensa y los convenios internacionales orientados a garantizar los derechos de los sindicados.
Los abogados de la víctima anunciaron que apelarán la resolución. Martínez Murillo desapareció cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, tras ser seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial situado en la ruta a El Salvador.
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La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.
Según el MP, esa relación le habría permitido conocer las rutinas y movimientos del odontólogo, y Girón Castañeda también figura como sindicado en investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado por presuntos robos y hurtos de vehículos.
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