Las gremiales del transporte entregan al Congreso de Guatemala una propuesta de alivio fiscal por el alza del petróleo

El plan presentado ante la Instancia de Jefes de Bloque pide tramitarse con urgencia nacional e incluye exenciones tributarias, un mecanismo de compensación y una norma anticíclica para futuras subas internacionales

Siete personas con vestimenta formal están de pie en una sala interior y dos de ellas sostienen hojas de papel frente a una pantalla con texto
Gretrucex, Gretexpa y el CIT presentaron al Congreso de Guatemala una propuesta de alivio fiscal por el alza internacional del petróleo. (Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros)
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Las gremiales Gretrucex, Gretexpa y el CIT entregaron el 17 de septiembre de 2026 al Congreso de Guatemala una propuesta de alivio fiscal y compensación financiera para contener el efecto del alza internacional del petróleo sobre el transporte, el comercio y el costo de vida de los hogares.

El planteamiento fue presentado ante la Instancia de Jefes de Bloque por la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y el Consejo Intergremial de Transporte Interurbano. Las organizaciones pidieron que la iniciativa sea incorporada a la agenda legislativa con carácter de urgencia nacional.

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La propuesta reúne tres medidas: suspender impuestos aplicados a las gasolinas, establecer un límite para el precio del diésel mediante exenciones y un fondo temporal, y crear una ley permanente para responder a futuras crisis de combustibles.

Dos páginas de un comunicado de prensa impreso con logotipos de gremiales de transporte y texto en color negro y rojo.
Un comunicado de gremiales de transporte en Guatemala solicita al Congreso medidas de alivio fiscal para reducir el impacto del costo de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión fiscal y el límite de Q35 para el diésel

El primer eje plantea suspender durante al menos seis meses el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Distribución de Petróleo sobre las gasolinas súper y regular. Las gremiales sostienen que esa exención permitiría trasladar una reducción directa del precio al consumidor y a los comercios que utilizan vehículos livianos.

El segundo punto propone eliminar temporalmente el 10% del IVA y la totalidad del Impuesto a la Distribución de Petróleo para el diésel. El beneficio tendría el mismo plazo mínimo y estaría acompañado por un Fondo de Compensación Temporal Focalizado.

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El mecanismo buscaría impedir que el diésel supere los Q35 por galón en los puntos de venta. El financiamiento procedería de los saldos de caja disponibles en el Estado, según el planteamiento de los transportistas.

El sector sostiene que el límite al precio del combustible protegería la cadena de suministros, los servicios de pasajeros y el transporte de carga. También vincula el costo del diésel con el valor final de los productos que integran la canasta básica familiar.

La petición surgió mientras los precios locales se ubicaban por encima de las referencias fijadas recientemente por el Congreso. El diésel superó los Q50 por galón durante la semana, de acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas.

La gasolina superior se cotizó por encima de Q44 por galón y la regular superó los Q46. Esos valores contrastan con el Decreto 21-2026, aprobado días antes, que estableció precios de referencia de Q39 para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior.

Las tres gremiales rechazaron esa norma porque consideran que carece de sustento técnico. Su propuesta plantea una intervención fiscal más amplia y un sistema de compensación dirigido específicamente al diésel.

Un fondo permanente para futuras crisis petroleras

El tercer eje busca aprobar una Ley del Fondo de Compensación para los Carburantes. La norma crearía un instrumento permanente y anticíclico para que el Estado pueda actuar ante nuevas subas internacionales del petróleo mediante procedimientos transparentes y sujetos a fiscalización.

Los representantes del transporte alertaron que el encarecimiento de los combustibles compromete la continuidad de empresas del sector y puede trasladarse a las tarifas y al precio de los alimentos. El comunicado advirtió: “El incremento desmedido en los insumos operativos amenaza la sostenibilidad de miles de empresas, de igual manera el inminente incremento en la tarifa del transporte de pasajeros y el precio de los productos de la canasta básica afectará aún más la economía familiar”.

Las organizaciones afirmaron que el Estado dispone de herramientas legales y presupuestarias para intervenir sin comprometer la salud fiscal del país. El esquema contemplaría controles de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.

La fiscalización buscaría comprobar que la exención tributaria llegue íntegramente a la población y no permanezca en los márgenes de intermediación. El llamado fue emitido desde la ciudad de Guatemala el 17 de septiembre de 2026.

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