Diputada de oposición en Guatemala, Sonia Gutiérrez, presenta una Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar en respuesta a la sequía

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq en el Congreso de Guatemala, presentó la iniciativa denominada Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar, que propone entregar 500 quetzales mensuales durante tres meses a hogares en pobreza y pobreza extrema para amortiguar el encarecimiento de la canasta básica.

El beneficio alcanzaría a cerca de un millón de familias y tendría un costo estimado de 1.500 millones de quetzales durante todo el período. La legisladora indicó que el desembolso mensual rondaría los 500 millones de quetzales.

La propuesta surge mientras el aumento de los precios de los combustibles eleva los costos del transporte, la producción y la distribución de alimentos y otros productos esenciales. Gutiérrez sostuvo que las medidas aprobadas para contener los combustibles pueden mitigar parte de la presión, pero no revierten de inmediato el incremento que ya afrontan los hogares.

Un apoyo de 500 quetzales para hogares vulnerables

La iniciativa plantea un aporte directo de 500 quetzales por familia cada mes, con una vigencia máxima de tres meses. El objetivo es que los hogares con menores ingresos puedan cubrir necesidades básicas durante la emergencia económica.

“Esto obedece a que el incremento de los precios del combustible afecta directamente a la economía de las familias guatemaltecas”, afirmó la diputada. Según explicó, el impacto se concentra en quienes viven en pobreza, pobreza extrema o enfrentan una mayor vulnerabilidad económica.

El mecanismo previsto quedaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que utilizaría los registros sociales de hogares y los sistemas de focalización ya existentes. La iniciativa no contempla crear una estructura administrativa nueva, pues busca que el apoyo llegue de forma inmediata a las familias identificadas por las instituciones.

La legisladora señaló que el ministerio ya cuenta con información que puede ser contrastada con datos del Instituto Nacional de Estadística para determinar dónde se encuentran los hogares más pobres. El beneficio no estaría distribuido por departamentos, sino de acuerdo con la situación socioeconómica de cada familia registrada.

El pago podría realizarse mediante transferencias o depósitos, con un mecanismo similar al aplicado durante la pandemia de COVID-19, cuando los beneficiarios retiraban el dinero en cajeros automáticos. La definición operativa quedaría en manos de la cartera de Desarrollo Social.

Gutiérrez comparó la situación actual con la emergencia que llevó a crear ayudas económicas durante la crisis sanitaria. “Esta es una emergencia también que estamos enfrentando a nivel internacional y, por lo tanto, amerita también medidas de carácter urgente”, sostuvo.

Recursos disponibles y controles sobre el bono

El financiamiento del programa podría provenir de readecuaciones, modificaciones o ampliaciones presupuestarias, con prioridad en recursos ya disponibles. La iniciativa identifica como posibles fuentes los saldos de caja, las economías presupuestarias que puedan reorientarse sin afectar servicios públicos esenciales y los bonos del Tesoro.

La diputada afirmó que los cierres de caja de 2024, 2025 y 2026 registraron montos cercanos a 12 mil millones de quetzales. A su juicio, esos recursos muestran que el Estado dispone de margen para financiar una ayuda temporal dirigida a hogares vulnerables.

También cuestionó la ejecución presupuestaria del Ejecutivo y afirmó que el Congreso ha facilitado recursos al Gobierno, aunque su utilización no ha sido eficiente en relación con el período transcurrido. La propuesta establece que el programa deberá contar con mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público.

La normativa incluiría una prohibición expresa para condicionar el bono a afiliaciones políticas o actividades partidarias. Gutiérrez advirtió que algunos apoyos sociales han sido utilizados como “un botín político” y planteó que el control institucional debe garantizar que cada aporte llegue a las familias en pobreza y pobreza extrema.

El plazo de tres meses responde al cálculo presupuestario planteado en la iniciativa. La diputada dijo que la bancada está dispuesta a considerar un período mayor si otra propuesta logra respaldo suficiente entre los bloques legislativos.

La iniciativa se suma a otras medidas que continúan en discusión en el Congreso para responder al aumento del costo de vida. Gutiérrez pidió el apoyo de las bancadas para aprobar un mecanismo de asistencia directa que, según su estimación, costaría menos que los subsidios y esquemas de estabilización de precios aprobados recientemente.