El presupuesto 2027 de Guatemala elevaría el déficit fiscal al 4.4% del PIB, según un instituto especializado

El Icefi advirtió que el presupuesto de Guatemala para 2027 elevaría el déficit fiscal a 4,4% del producto interno bruto y concentraría fuertes aumentos en infraestructura, gasto social y aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo, cuya baja ejecución podría convertir los recursos acumulados en un foco de riesgo durante el año electoral.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó su primer análisis de la iniciativa de ley 6841, enviada por el Ejecutivo como Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

La proyección tributaria para 2027 asciende a Q131.635,9 millones, equivalentes a una carga tributaria de 12.1%. El Instituto considera viable esa cifra, aunque estima que en un escenario sin reformas fiscales ni ingresos adicionales por fiscalización la recaudación llegaría a Q130.608,2 millones, con una carga de 12.0%.

El cálculo parte de una recaudación prevista para 2026 de Q121.382,4 millones, superior en Q1.619,6 millones a la meta vigente y equivalente a 11.9% del producto interno bruto. La diferencia entre la estimación técnica y la previsión oficial para 2027, de Q1.027,7 millones, podría obtenerse mediante acciones administrativas de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El déficit fiscal pasaría de 1.9% del producto interno bruto en 2025 a 3,8% en el presupuesto de 2026, hasta alcanzar la proyección de 4.4% para 2027. Para el Icefi, este aumento refuerza la necesidad de una reforma fiscal integral con un componente tributario que permita sostener el gasto público.

La expansión presupuestaria y los límites de ejecución

El techo presupuestario crecería Q23.255,3 millones, un 13.8% frente a 2026. La mayor parte del incremento se concentra en infraestructura, programas sociales, elecciones generales y pagos pendientes de la política monetaria.

Las inversiones públicas sumarían Q12.915,2 millones. Entre los principales destinos figuran Q4.800 millones para ampliar el Puerto Quetzal, Q3.517,6 millones para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, Q2.550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura, Q897,6 millones para el mantenimiento de edificios escolares y Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías.

El proyecto también incorpora Q350 millones para un fondo de garantía destinado a la movilidad eléctrica y la renovación del transporte de personas. El Icefi sostiene que la concreción de estas inversiones dependerá de que el Gobierno corrija sus deficiencias para ejecutar obras de infraestructura.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda podría retomar obras detenidas por procesos judiciales cuando no exista una resolución firme de suspensión y su continuidad evite el deterioro de la construcción o riesgos de seguridad. La medida, incluida en el artículo 112, exige dictámenes técnicos, financieros y jurídicos aprobados por la autoridad superior, además de notificaciones al órgano jurisdiccional, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas.

El gasto social prioritario y otras intervenciones estratégicas sumarían Q6.415,4 millones. El programa Mano a mano recibiría Q3.015,4 millones; el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda, Q1.000 millones; los estudios y proyectos de agua y saneamiento, Q1.400 millones; y el Fondo Nacional de Becas, Q200 millones.

También se contemplan Q250 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica, Q150 millones para la adquisición de tierras y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo. El Tribunal Supremo Electoral obtendría Q2.000 millones para las elecciones generales y el Banco de Guatemala recibiría Q2.600 millones para cubrir pagos pendientes vinculados con el costo de la política monetaria.

La asignación para educación primaria aumentaría 9,7%, pero los programas de educación básica, diversificada e inicial sufrirían recortes de 4.7%, 5.1% y 43.3%, respectivamente. El Instituto pidió al Ministerio de Educación un plan de emergencia ante los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que ubicó a Guatemala en el último lugar entre los países latinoamericanos evaluados en matemática, lectura y ciencia a los 15 años.

Los saldos de los Codede y el riesgo electoral

Los Consejos Departamentales de Desarrollo tendrían en 2027 un aporte ordinario de Q4.985,6 millones y uno extraordinario de Q1.200 millones. Sin embargo, los saldos no ejecutados de 2024, 2025 y 2026 podrían añadir unos Q6.925 millones y llevar la asignación efectiva a alrededor de Q13.110,4 millones.

Al 14 de septiembre de 2026, los Codede solo habían ejecutado 24,4% de una asignación total de Q15.425,4 millones. El monto extraordinario propuesto para 2027 es menor que los vigentes en 2025, de Q7.597,1 millones, y en 2026, de Q10.865,5 millones, pero una nueva ampliación aprobada por el Congreso podría elevar los recursos disponibles a entre Q17.000 millones y Q20.000 millones.

El Icefi alertó que la acumulación de fondos en los Codede es vulnerable a abusos, corrupción, captura por estructuras del crimen organizado y malversación político-electoral. Por esa razón, pidió no aprobar nuevos aportes extraordinarios y solicitó al Ejecutivo respaldar a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para controlar la formulación y ejecución de proyectos.

El artículo 105 de la iniciativa plantea disposiciones para reforzar esos controles, aunque el Instituto considera que podrían resultar insuficientes en la práctica. La preocupación se vincula con cambios aprobados por el Congreso a la Ley Orgánica del Presupuesto y con las disposiciones del Decreto 7-2025, que permiten ejecutar en años posteriores recursos no utilizados.

Además, hace una síntesis de deuda bonificada para gasto de funcionamiento y expone que la deuda pública mediante bonos del Tesoro pasaría de Q23.278 millones en 2026 a Q42.750 millones en 2027, un alza de 83,6%. Su peso dentro del presupuesto de ingresos crecería de 13,8% a 22.3%, mientras la participación de los ingresos tributarios caería de 71,0% a 68.5%.