El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra BitBank, un exchange de criptomonedas iraní controlado por el financista Babak Zanjani, al que acusa de procesar los pagos que reciben los buques a cambio de garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sostiene que la plataforma canalizó cientos de millones de dólares (USD) en bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen iraní.
Según el comunicado del Tesoro, BitBank operó entre junio y julio como el mecanismo de cobro de la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, la entidad que Irán presenta como un seguro marítimo para barcos que transitan el estrecho, pero que Washington describe como un esquema de extorsión disfrazado. El organismo calificó al exchange como “una pieza central en la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales” del régimen.
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La medida se inscribe en la “Operación Proscrito Económico” (Operation Economic Outcast), la estrategia con la que el Tesoro busca aislar financieramente a Irán y desarticular sus redes comerciales, logísticas y de transporte. Desde su lanzamiento, el programa ha apuntado contra el comercio ilícito de petróleo iraní, casas de cambio, compañías navieras y empresas fachada repartidas por varios países.
Junto a BitBank, Washington sancionó también a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa que desarrolló el software del exchange, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado que las nuevas sanciones dejan en claro que “los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance” de la OFAC.
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Zanjani, de 50 años, es una de las figuras más señaladas de las redes de evasión de sanciones iraníes. Fue condenado a muerte en 2016 por un tribunal revolucionario, acusado de apropiarse de unos USD 2.800 millones que debía repatriar al Estado por la venta de petróleo durante el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. La Justicia iraní conmutó la pena en abril de 2024 por 20 años de prisión, después de que Zanjani devolviera cerca de USD 2.100 millones en activos. Poco después recuperó la libertad condicional y, en 2025, reapareció como respaldo de proyectos económicos vinculados al Gobierno, a través de un nuevo holding llamado Avan.
El caso de BitBank se suma a una escalada de sanciones previas contra el entramado financiero de Zanjani. En enero, el Tesoro ya había señalado a sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, por lavar dinero para el CGRI. En julio, la lista se amplió a otras nueve firmas vinculadas al financista, entre ellas el conglomerado iraní Dot One y sociedades registradas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, además de varios de sus directivos.
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Para entender el trasfondo de la sanción es necesario remontarse a la crisis del estrecho de Ormuz, que se desató el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra instalaciones iraníes. Irán respondió minando la vía marítima y atacando embarcaciones, lo que redujo en más de un 90% el tránsito diario de buques por un corredor que hasta entonces canalizaba una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. En marzo, el régimen declaró el estrecho bajo su control y exigió el pago de “seguros” para autorizar el paso, una exigencia que la OFAC advirtió en mayo que exponía a sanciones a cualquier persona o empresa que la cumpliera, sin importar el método de pago utilizado.
De ese esquema surgió Hormuz Safe, promovido en redes sociales por el propio Zanjani, según indicó el Tesoro en un comunicado de julio. La entidad, desarrollada por el Ministerio de Economía iraní, ofrece servicios de seguro, control de tráfico y respuesta de emergencia a los buques, y acepta pagos en bitcoins y otros activos digitales como vía para sortear el sistema financiero occidental. Washington sostiene que ese circuito de criptomonedas permitió al régimen mantener el control sobre el tráfico marítimo del Golfo Pérsico mientras generaba ingresos adicionales para el CGRI, organización designada como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.
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El uso de exchanges locales para eludir sanciones no es un fenómeno aislado en Irán. Una investigación de Reuters publicada en mayo reveló que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas del país, con unos 11 millones de usuarios y hasta USD 11.000 millones en transacciones procesadas, canalizó fondos que firmas de análisis de blockchain vincularon con entidades sancionadas, incluidos el CGRI y el banco central iraní.
La nueva ronda de sanciones no incluye, hasta ahora, medidas contra los operadores de blockchain que procesaron las transacciones de BitBank ni contra las billeteras digitales identificadas en la investigación, un vacío que analistas señalan como el próximo frente previsible de la ofensiva del Tesoro contra las finanzas digitales del régimen.
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