Data center de IA en Costa Rica abre una oportunidad tecnológica, pero expertos piden certezas sobre energía, agua y viabilidad

La eventual construcción de un centro de datos especializado en inteligencia artificial en Limón podría colocar a Costa Rica frente a una nueva oportunidad de inversión tecnológica, aunque todavía existen interrogantes sobre su consumo eléctrico, disponibilidad de agua, permisos, conectividad y el impacto económico que realmente tendría sobre las comunidades de la provincia.

El proyecto, denominado Quantum AI Free Zone Campus, contempla un desarrollo de aproximadamente 42 hectáreas, compuesto por siete edificios y una capacidad proyectada de hasta 200 megavatios (MW). Según la información divulgada sobre la iniciativa, las instalaciones estarían destinadas al entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y servicios mediante unidades de procesamiento gráfico (GPU).

El encargado de la Cátedra de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Esteban Chanto Sánchez, señaló que Costa Rica cuenta con experiencia previa para recibir infraestructura de este tipo, pero advirtió que un proyecto de esta magnitud requiere estudios específicos antes de dimensionar sus beneficios.

“Costa Rica cuenta con conocimiento y experiencia para participar en este tipo de industria, que representa una ventaja, pero una infraestructura de esta escala debe analizarse según su ubicación, tecnología, demanda efectiva y condiciones de operación; la experiencia previa no sustituye los estudios específicos requeridos”, afirmó.

Uno de los principales puntos de análisis corresponde al consumo energético. Chanto explicó que los 200 MW anunciados no necesariamente equivalen al consumo permanente del complejo, ya que es necesario determinar si la cifra corresponde exclusivamente a capacidad informática o al requerimiento total del campus.

Un ejercicio realizado bajo determinados supuestos técnicos indica que, si los 200 MW correspondieran únicamente a equipos informáticos, con una utilización promedio del 90% y una relación de energía total respecto de la informática de 1,20, el complejo podría requerir cerca de 1,892 gigavatios hora al año, equivalente aproximadamente al 14.6% de la demanda eléctrica nacional registrada en 2025.

El académico aclaró, sin embargo, que esta estimación no constituye una previsión del consumo real ni permite concluir que la red eléctrica costarricense sería insuficiente.

Costa Rica presenta, además, una característica que podría favorecer la llegada de inversiones de este tipo. Durante 2025, el 98.6% de la generación eléctrica nacional provino de fuentes renovables, un elemento relevante para compañías tecnológicas interesadas en reducir la huella de carbono asociada con centros de datos de alta demanda.

“La discusión debe determinar qué infraestructura eléctrica adicional sería necesaria, quién asumiría su costo y cómo se garantizaría el abastecimiento durante toda la operación”, sostuvo Chanto.

El agua, otro punto bajo análisis

La disponibilidad de recurso hídrico también figura entre los temas pendientes. La documentación comercial relacionada con el proyecto menciona una disponibilidad municipal aproximada de 350 litros por segundo, además del posible uso de pozos, almacenamiento y sistemas de tratamiento.

Chanto advirtió que esa cifra no puede interpretarse automáticamente como el consumo permanente del centro de datos ni como garantía definitiva de suministro.

“La continuidad del servicio de agua para la población debe ser una condición verificable y cualquier desarrollo industrial debe demostrar cómo atenderá sus necesidades sin deteriorar el abastecimiento existente”, indicó.

Dudas sobre el nivel real de avance

El análisis de la UNED también plantea la necesidad de diferenciar entre un anuncio de inversión y un proyecto que ya dispone de todas las condiciones necesarias para iniciar obras.

De acuerdo con la información incorporada en el estudio, Quantum Development Inc., compañía vinculada con la iniciativa, perdió en mayo de 2026 el régimen de zona franca que anteriormente había obtenido como administradora de parques.

Además, versiones publicadas por medios costarricenses han señalado que la Municipalidad de Limón no conocía hasta ese momento la ubicación exacta del proyecto ni había recibido solicitudes formales relacionadas con uso de suelo o permisos de construcción.

Para Chanto, estos antecedentes no significan que el proyecto haya sido cancelado o sea inviable, pero sí hacen necesario establecer con precisión cuál es su estado actual.

“Una propuesta de esta magnitud puede representar una oportunidad, pero las certezas deben construirse con información verificable”, afirmó.

¿Qué beneficios quedarían en Limón?

Otro aspecto central será determinar cuánto de la inversión podría transformarse en oportunidades duraderas para la población limonense.

Durante la fase constructiva, un campus tecnológico de esta dimensión podría generar demanda en construcción, telecomunicaciones, mantenimiento electromecánico, seguridad y logística. Sin embargo, la UNED advierte que debe distinguirse entre los puestos temporales generados durante las obras y el empleo permanente necesario para operar el complejo.

Chanto señaló que centros educativos y universidades podrían comenzar a preparar desde ahora perfiles técnicos relacionados con redes, energía, refrigeración, automatización, ciberseguridad y operación de infraestructura tecnológica.

“La formación debería comenzar antes de que se anuncien las vacantes. Una inversión tecnológica adquiere mayor valor para la región cuando las personas que viven allí pueden capacitarse, acceder a empleos especializados y convertirse también en proveedoras de servicios”, aseguró.

Para el especialista, el debate alrededor del proyecto deberá trascender la discusión sobre la conveniencia de los centros de datos.

“Antes de celebrar una infraestructura de esta magnitud, debemos preguntarnos qué quedará en Limón cuando termine la construcción y el anuncio deje de ser noticia”, concluyó Chanto. “Si quedan capacidades profesionales, servicios confiables y oportunidades que la población pueda aprovechar, tendremos elementos concretos para valorar su aporte al desarrollo”.