Guatemala enfrenta un problema sin resolver: el reclutamiento de menores dentro de sus propios hogares de abrigo

Los hogares de abrigo y protección del Estado en Guatemala reúnen a adolescentes vinculados con pandillas y a niños separados de sus familias por conflictos de custodia, sin un mecanismo de clasificación que impida su contacto y reduzca el riesgo de reclutamiento criminal dentro de los propios centros.

La situación fue expuesta recientemente en el Congreso de la República por el diputado José Chic, de la bancada VOS, durante una comparecencia sobre seguridad. El legislador alertó que los menores que ingresan a resguardo por causas ajenas a delitos pueden ser captados por integrantes de estructuras criminales mientras esperan una resolución sobre su futuro.

Los adolescentes detenidos cuando tienen 17 años y 11 meses pueden recibir una sanción de apenas seis meses en un centro de resguardo, incluso si fueron capturados por delitos violentos, según explicó el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo. El funcionario cuestionó que los menores quedaran fuera del alcance de la ley antipandillas aprobada en el país.

Niños en disputas familiares junto a adolescentes de pandillas

Los centros reciben a niños y adolescentes que llegan por caminos muy distintos. Algunos fueron separados de sus padres mientras se resuelven disputas de custodia; otros están sujetos a procesos por su presunta participación en pandillas o por hechos delictivos.

Chic describió casos en los que los progenitores se enfrentan por la custodia y “nadie sabía ni con quién, quién se iba a quedar con los patajos”. En esas circunstancias, los menores son trasladados a hogares de abrigo aunque no estén abandonados ni tengan antecedentes penales.

El problema, planteó el diputado, es que el sistema no identifica ni separa a quienes tienen vínculos con organizaciones criminales de quienes ingresaron por conflictos familiares. “Fácilmente es reclutado ahí mismo, porque todavía no hay un tema de perfilación, no hay un tema de separación”, advirtió sobre la posibilidad de que un niño quede expuesto a pandilleros dentro del lugar destinado a protegerlo.

La demora judicial prolonga esa convivencia. Los menores pueden permanecer varios días en los centros mientras esperan una audiencia que determine si regresarán con sus familias o quedarán bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación.

Durante ese lapso, los niños que no tienen relación con actividades criminales pueden compartir espacios con adolescentes que ya integran estructuras delictivas. La falta de una clasificación previa impide establecer circuitos diferenciados de resguardo según el perfil de cada menor.

El legislador mencionó, sin que las autoridades presentes confirmaran esa información, la presencia de una persona identificada como “Primo de Lobo”, quien presuntamente operaría para Barrio 18 dentro de lugares de resguardo. También se refirió a “la Rancherita” o “Ranchita”, vinculada a un ataque con explosivos y que habría cumplido 18 años, aunque continúa dentro del sistema de abrigo.

Las denuncias apuntan a que el sistema de protección estatal puede concentrar perfiles incompatibles bajo una misma custodia.

Límites policiales y ausencia de intervención directa

La Policía Nacional Civil reconoció que tiene escasas posibilidades de actuar dentro del sistema para menores. Boteo explicó que quienes se encuentran en conflicto con la ley penal están bajo la jurisdicción de jueces especializados: “No, no tenemos mayor comunicación, porque además de eso, ellos están sujetos a un juez de menores en conflicto con la ley penal”.

El director calificó ese ámbito como “muy ajeno a la Policía Nacional Civil” y diferenció entre “aquel adolescente o niño rebelde” y quien “ya es parte de una organización criminal y que ha cometido hechos sumamente violentos”. Para la institución, ambos perfiles requieren respuestas distintas, pero la legislación vigente limita esa diferenciación.

Según el funcionario, las normas guatemaltecas sobre derechos humanos son “muy garantistas para el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal”. Esa condición, sostuvo, dificulta que se adopten medidas especiales para menores que tienen una participación sostenida en organizaciones criminales.

La intervención policial solo ocurre de manera puntual cuando un adolescente es detenido en flagrancia con un arma de fuego y los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinan que fue utilizada en otros hechos criminales. En esos casos, la PNC realiza gestiones para procurar el aislamiento del menor.

Aun frente a ese escenario, el director admitió las dificultades: “Es muy difícil” actuar cuando se trata de personas menores de edad. La institución puede recomendar medidas, pero no tiene capacidad de decisión dentro de cárceles ni centros para adolescentes.

El Salvador como referencia para clasificar a los menores

El diputado preguntó por qué Guatemala no aplica un esquema de clasificación de menores similar al de El Salvador. La respuesta policial apuntó a las diferencias legales entre ambos países y al régimen de excepción que mantiene el Estado salvadoreño.

Boteo indicó que El Salvador sostiene ese régimen tanto dentro como fuera de las cárceles, lo que permite una intervención más firme de la policía, el ejército y el Ministerio Público frente a los pandilleros. En Guatemala, señaló, la PNC “únicamente puede recomendar”.

El pedido final de Chic fue establecer coordinación entre la Policía Nacional Civil y las autoridades responsables de los hogares de abrigo. La propuesta busca crear mecanismos que mantengan separados a los menores vinculados con estructuras criminales de quienes ingresan al sistema por situaciones familiares sin relación con delitos.