Guatemala: El juez Mynor Moto dicta el sobreseimiento a favor de cuatro dirigentes de los 48 Cantones, lo cual los deja libres de todo cargo penal

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal de Guatemala, dictó el sobreseimiento a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, tras concluir que no cometieron delitos durante las protestas de octubre y noviembre de 2023. La decisión también cerró el proceso contra Basilio Puac y Esteban Toc, anuló las restricciones impuestas a los cuatro y habilitó la reincorporación de Pacheco a su cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio Público pidió el jueves 10 de septiembre que se clausurara la causa luego de revisar nuevamente los hechos investigados. El fiscal general Gabriel García Luna respaldó la solicitud presentada por el ente investigador durante la audiencia de ratificación de la acusación.

La nueva valoración se basó en un informe de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, que descartó la existencia de los ilícitos incluidos en la acusación formulada el 25 de junio de 2025. Los cuatro dirigentes habían sido señalados por delitos como asociación ilícita, terrorismo, sedición y obstrucción a la justicia, según el caso de cada uno.

El derecho de protesta y las organizaciones indígenas

La Fiscalía sostuvo que Pacheco, Chaclán, Puac y Toc ejercieron su derecho a la protesta y que no se encontraron elementos para atribuirles las afectaciones por las que habían sido acusados. También determinó que no podía configurarse una asociación ilícita porque las agrupaciones involucradas están legalmente constituidas y cuentan con formas propias de organización y elección de autoridades.

Las movilizaciones de 2023 respondieron a un consenso de los pueblos que integran los 48 Cantones de Totonicapán, de acuerdo con el Ministerio Público. Pacheco y Chaclán dirigían entonces esa organización indígena ancestral, mientras que Chaclán ocupaba el cargo de tesorero.

El juzgado resolvió además el cese de todas las medidas de coerción que pesaban sobre los cuatro procesados y ordenó devolver las cauciones económicas. Pacheco y Chaclán podrán recuperar 160.000 quetzales cada uno, mientras que Toc recibirá 5.000 quetzales y Puac, 10.000 quetzales.

La decisión eliminó también la prohibición de incorporarse al servicio público mediante elección popular, nombramiento o designación. Esa restricción había impedido que Pacheco desempeñara sus funciones en el Ministerio de Energía y Minas.

Pacheco y Chaclán estuvieron un año y tres meses en prisión preventiva antes de obtener medidas sustitutivas. El 4 de agosto, Moto había autorizado que ambos enfrentaran el proceso en libertad al considerar prolongado el tiempo que permanecieron privados de libertad y al descartar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación.

En esa ocasión, el Ministerio Público no se opuso a que dejaran la prisión. Las condiciones incluían arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, registro biométrico mensual, prohibición de comunicarse con testigos, el pago de la caución y la imposibilidad de ocupar cargos públicos.

La jueza Carol Patricia Flores había ligado a proceso a Pacheco y Chaclán el 25 de abril de 2025 por terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18 tras una acusación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que los señalaba de liderar las manifestaciones y bloqueos posteriores a las elecciones presidenciales de 2023.

La denuncia y el regreso al Ministerio de Energía y Minas

La causa se originó en una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo contra los líderes que se opusieron a las acciones de la entonces fiscal general Consuelo Porras y su equipo durante el proceso electoral de 2023. La organización los acusó de causar daños al país mediante el ejercicio de su derecho de protesta.

La fundación buscó que los cuatro dirigentes continuaran en prisión preventiva. Sin embargo, sus reiteradas ausencias impidieron el avance regular de las audiencias, por lo que la Sala Cuarta de Apelaciones la apartó del expediente como querellante y el proceso siguió sin esas demoras.

El Ministerio de Energía y Minas celebró el cierre del caso contra Pacheco en un comunicado fechado el 11 de septiembre. La cartera afirmó que respeta las decisiones de las instituciones del sistema de justicia y el debido proceso, y señaló que la resolución permitirá “la pronta reincorporación del viceministro Pacheco a sus funciones, para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de Guatemala”.

El ministerio reiteró su compromiso “con el cumplimiento de la ley, la institucionalidad y el desarrollo responsable del país”.