Patricia Orantes dejará el Ministerio de Ambiente de Guatemala el 1 de septiembre para volver al Congreso en pleno debate de la Ley de Aguas

Patricia Orantes, ministra de Ambiente de Guatemala, dejará el cargo el 1 de septiembre para volver al Congreso de la República en pleno debate de la iniciativa 6816, conocida como Ley de Aguas, una propuesta impulsada durante su paso por el Ejecutivo y que ahora deberá seguir su trámite legislativo con ella nuevamente en su curul, según informó el Gobierno de la República en un comunicado difundido este miércoles 26 de agosto de 2026.

El proyecto que marcará su retorno al Legislativo reúne 215 artículos y ya fue enviado a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso el 11 de agosto, aunque todavía no tiene un cronograma de análisis definido. Entre sus medidas centrales, prevé un cobro gradual para el uso empresarial del recurso hídrico durante siete años, con una escala que arranca en 10% y llega a 100% a partir del séptimo.

La salida de Orantes del gabinete ocurre mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mantiene una campaña pública en redes sociales para promover la ley.

El regreso de la funcionaria al Congreso la coloca de forma directa en la discusión de una de las iniciativas más sensibles de la agenda ambiental del gobierno de Bernardo Arévalo.

El presidente agradeció su gestión en un mensaje publicado en X. “Quiero agradecer el liderazgo y compromiso de la ministra al frente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Su gestión ha sido clave para fortalecer la institución y hacer de la protección del ambiente una prioridad de Estado”, escribió Arévalo.

El mandatario añadió que la diputada retomará sus funciones parlamentarias “desde el espacio que retomará en el Congreso de la República”.

En el mismo comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que Orantes ejerció “un liderazgo comprometido con la protección del ambiente, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible”.

El regreso de Orantes coincide con la discusión de la Ley de Aguas

Orantes se había separado temporalmente de su escaño el 11 de abril de 2024 para asumir como titular del MARN. Su reincorporación al Legislativo se produce después de más de 15 meses de trabajo oficial alrededor de la propuesta, coordinada por esa cartera y presentada ante el pleno el 3 de agosto por el diputado César Fion junto con un grupo multipartidario.

La pregunta central que abre su retorno tiene una respuesta concreta: vuelve al Congreso cuando la ley que impulsó desde el Ejecutivo entra en su fase de debate parlamentario. Eso significa que la exministra pasará de conducir la propuesta desde el gobierno a defenderla y discutirla desde la arena legislativa.

La iniciativa plantea la creación de una Superintendencia Nacional del Agua como autoridad rectora. Ese órgano tendría facultades para otorgar licencias de aprovechamiento, cobrar cánones a empresas que utilicen el recurso hídrico con fines productivos y administrar un sistema nacional de información hídrica.

El texto de la propuesta distingue entre el uso doméstico y la agricultura familiar, que quedarían exentos de pago, y el uso empresarial con fines comerciales, que sí estaría sujeto al canon.

Los recursos recaudados se destinarían a la recuperación de bosques en cuencas hidrográficas y al financiamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El sector privado objeta el contenido y reclama mesas técnicas

Uno de los focos de resistencia proviene del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Según Prensa Libre, el presidente del CACIF Carlos Arias Bouscayrol afirmó que el sector privado no fue tomado en cuenta durante la elaboración de la iniciativa.

Arias Bouscayrol dijo al medio: “El sector privado no está en contra de una ley de aguas, lo que estamos en contra es de esta iniciativa de ley que hace un muy pobre trabajo de resolver el problema en Guatemala, excluyendo a las municipalidades que son claves”.

La organización empresarial pidió a los diputados de la Comisión de Ambiente establecer mesas técnicas para presentar observaciones.

La propuesta también reconoce el derecho humano al agua y establece la obligatoriedad de la consulta previa para proyectos de gran impacto en territorios indígenas, como hidroeléctricas o minería. El texto además fija que, si después de esa consulta no se alcanza un acuerdo, el proyecto no podrá ser autorizado.

En paralelo, el viceministro de Aguas Jaime Luis Carrera aparece en la campaña institucional del ministerio que continúa promoviendo la aprobación de la norma mientras se formaliza la salida de Orantes del gabinete.