El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos y solo uno cumplió los requisitos legales, según monitoreo de Centro de Investigaciones

El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos en el primer semestre de 2026, pero solo uno cumplió con los requisitos legales de estudios técnicos, documentos de justificación y análisis financieros, una señal de que el aumento de la actividad legislativa no se tradujo en mejor calidad normativa, según el informe presentado este 30 de julio por la Alianza por un Congreso Eficiente.

El reporte también registró un deterioro en controles clave: la asistencia al pleno cayó a 76% y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en la web del Legislativo bajó a 88%, el nivel más bajo de la actual legislatura.

La alianza está integrada por Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida–Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Entre enero y mayo, las sesiones plenarias pasaron de 21 a 35 frente al mismo periodo de 2025, las iniciativas presentadas subieron de 62 a 86 y los decretos aprobados crecieron de cuatro a 14.

María Isabel Bonilla de Anzueto, investigadora asociada del CIEN, resumió el hallazgo central: “Solamente uno de 14 decretos emitidos cumplió con los requisitos de ley para su aprobación, y seis fueron aprobados bajo la figura de urgencia nacional”.

Esa figura permite omitir el dictamen de comisión y aprobar una norma en un solo debate. El mecanismo elimina el análisis técnico que exige la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

De los 14 decretos aprobados, 13 carecieron de estudios técnicos y 13 no incluyeron documentos de justificación. Otros siete tampoco presentaron estudios financieros, pese a que su contenido sí tenía impacto sobre las finanzas públicas, una omisión que deja sin respuesta documentada el origen de los recursos para aplicarlos.

La asistencia cayó y el registro no verifica quién permanece en la sesión

La asistencia al pleno descendió de 89% en 2024 a 76% en 2026. Fabiola Rodríguez, investigadora del CIEN, indicó que solo dos de los 160 diputados asistieron al 100% de las 35 sesiones celebradas entre el 14 de enero y el 15 de mayo.

Los distritos con mayor asistencia fueron Jalapa y Jutiapa. Los niveles más bajos correspondieron a Retalhuleu y Chiquimula.

El informe señaló además una falla en el sistema de control de asistencia: el mecanismo actual registra el ingreso del diputado, pero no confirma si permanece durante toda la sesión.

Eso permite que un legislador marque presencia al inicio y se retire minutos después sin que el registro oficial refleje la ausencia, con efectos sobre el quórum real y el avance de la agenda.

En las comisiones de trabajo, 13 de las 14 monitoreadas entre febrero y mayo cumplieron con el mínimo legal de dos sesiones mensuales. El problema, según el informe, es que el 72% de las 117 sesiones registradas, es decir 84, se realizó de forma consecutiva el mismo día.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, explicó que esa práctica vacía el propósito de la norma, porque si las dos sesiones obligatorias ocurren una tras otra no existe margen para análisis, deliberación ni seguimiento de los asuntos tratados.

A eso se agregó que 17 de las 38 comisiones existentes no recibieron ninguna iniciativa de ley en el periodo, un dato que la alianza considera útil para revisar si la estructura actual responde a la carga legislativa real.

Las citaciones al Ejecutivo llegaron a 818 y el gasto siguió creciendo

En materia de fiscalización, entre enero y junio de 2026 se realizaron 818 citaciones a funcionarios del Organismo Ejecutivo, un promedio de 136 por mes, de acuerdo con Fernando Bon, director ejecutivo de la alianza. Los bloques UNE con 145 y VOS con 130 concentraron casi la mitad del total.

Hasta mayo, siete de los 14 ministros de Estado tenían una interpelación activa o pendiente de conocer. La organización advirtió que el uso excesivo de citaciones e interpelaciones puede convertirse en una forma de presión política y distraer a los funcionarios de sus responsabilidades.

El personal del Congreso pasó de 2.432 empleados en 2025 a 2.547 en el primer semestre de 2026. El renglón 022, destinado por ley a asesores temporales de diputados y bloques, acumuló un aumento del 93% entre 2016 y 2026.

La normativa permite un máximo de 576 empleados bajo ese renglón, pero los contratados superan los 1.100. De ellos, 580 estaban asignados a tareas administrativas, pese a que la ley no lo autoriza, con la mayor concentración en la Dirección Administrativa, que reunía 139 personas.

El presupuesto aprobado para 2026 fue de Q1.347,4 millones, un 8% menos que en 2025. A junio, la ejecución alcanzó Q530 millones, Q23,58 millones más que en el mismo periodo del año anterior, y el 65% del gasto total, equivalente a Q344,11 millones, correspondió a servicios personales.

El informe indicó también que la página web del Congreso cayó a 88% de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, diez puntos por debajo del 98% registrado en 2025. El retroceso se concentró en el artículo 10 de la ley y en la publicación de información sobre las comisiones de trabajo, cuyas agendas todavía no tienen un espacio específico en el portal institucional.

María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN, presentó siete recomendaciones. La alianza pidió orientar la producción legislativa a una agenda de país con objetivos claros, priorizar la calidad de iniciativas y dictámenes, evitar el uso injustificado de la urgencia nacional y de las enmiendas de curul, recuperar los niveles de asistencia, sancionar a diputados con presencia muy baja, impedir que las sesiones obligatorias de comisión se hagan de forma consecutiva, revisar la estructura de personal, vincular la gestión financiera a resultados y restablecer los niveles de transparencia alcanzados en años anteriores.