El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala expresó este sábado su preocupación por la violencia desatada tras el desalojo judicial de Juana Santiago Chel en Santa María Nebaj, Quiché, un operativo ejecutado el 30 de julio que derivó en el incendio de la vivienda de la jueza que emitió la orden y en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.

El caso se originó en una disputa familiar por un inmueble. Uno de los hijos de Santiago Chel promovió el proceso que concluyó con la orden de desocupación, y la ejecución de esa resolución provocó una reacción violenta entre pobladores de la comunidad.

Según reportes de medios locales, los habitantes incendiaron la vivienda de la jueza responsable de la orden. También fue detenido un vecino que intentó auxiliar a la adulta mayor, un hecho que elevó la tensión en el municipio.

El Ministerio Público aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del operativo, pero confirmó que abrió pesquisas al conocer posibles acciones delictivas vinculadas al procedimiento. La investigación incluye tanto lo ocurrido durante el desalojo como los hechos posteriores en la comunidad, entre ellos los eventos en los que se vio involucrada Santiago Chel y cualquier otra conducta que pueda derivar en responsabilidades penales.

El Colegio de Abogados rechazó la fuerza excesiva y pidió una investigación sin estigmatización

En el Comunicado No. 15/2026, fechado el 1 de agosto de 2026, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala manifestó solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades afectadas en su integridad, seguridad, patrimonio o tranquilidad. La institución rechazó el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con desalojos y sostuvo que en esos procedimientos debe prevalecer el respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas.

El documento advirtió que ningún profesional, funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones o derechos. También remarcó que cualquier inconformidad con una resolución judicial debe canalizarse por los mecanismos legales correspondientes.

“La violencia, las agresiones y la destrucción de bienes no constituyen medios legítimos para resolver controversias”, señaló el comunicado. El colegio pidió a las autoridades competentes investigar los hechos de manera pronta, objetiva, imparcial y transparente, sin prejuzgar ni estigmatizar a personas o comunidades, con garantía de presunción de inocencia y derecho de defensa.

La entidad también exhortó a instituciones públicas, autoridades indígenas, autoridades locales y organizaciones comunitarias a fortalecer el diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. El llamado incluyó promover una relación respetuosa entre la jurisdicción ordinaria, las formas propias de organización comunitaria y el marco constitucional vigente.

El abogado de Juana Santiago Chel denunció a la jueza, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos

El abogado Gabriel Guzmán Matón, defensor de Santiago Chel, informó a Infobae que presentó acciones legales contra la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la jueza de Primera Instancia que autorizó el desalojo. El jurista identificó a la funcionaria como Ada Madaí López Morales, jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil.

Guzmán Matón señaló que las principales denuncias contra la jueza son por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. También afirmó: “Ella jamás se presentó a ninguno de los lanzamientos en contra de mi clienta”.

El abogado sostuvo además que esta era la séptima ocasión en que Santiago Chel iba a ser desalojada de su vivienda. En las ocasiones anteriores, agregó, la mujer había logrado frenar el procedimiento mediante acciones legales.

En otra parte del caso, el texto señala que la jornada en Santa María Nebaj cambió de forma abrupta cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron la orden judicial de desocupación en la casa de la adulta mayor, a quien el mismo material identifica en un tramo como de 72 años y en otro como de 77 años. La orden, según vecinos y autoridades locales citados en el relato, fue tramitada por su hijo Pedro Santiago López.

Las imágenes y transmisiones en vivo de medios locales mostraron que el operativo estuvo marcado por el uso de fuerza que dejó las pertenencias de la mujer en la calle. En esos registros también se observa cómo la hija de la anciana fue cargada por agentes de la Policía Nacional Civil cuando opuso resistencia al desalojo.