El sector privado de Guatemala exigió este 24 de julio al Gobierno restablecer el libre tránsito tras una semana de bloqueos por el alza de los combustibles, en medio de una crisis que ya afecta la movilidad, el empleo, la producción y el abastecimiento, mientras el presidente Bernardo Arévalo se prepara para anunciar medidas sobre el conflicto.
El impacto económico ya fue cuantificado por el Observatorio de Políticas Industriales de la Cámara de Industria de Guatemala: un solo día de bloqueos implica pérdidas de alrededor de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo. La estimación se sumó a la presión del empresariado para que las autoridades actúen de inmediato.
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El reclamo fue planteado en comunicados de CACIF, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara del Agro, que advirtieron sobre las consecuencias de las interrupciones en la red vial nacional. Las organizaciones sostuvieron que las protestas golpean a transportistas, exportadores, comerciantes y trabajadores.
Según el comunicado oficial de CACIF, las entidades rechazaron los bloqueos ilegales registrados durante la semana, incluido el viernes. El comité señaló: “Reconocemos y respetamos el derecho constitucional de toda persona a manifestar y expresar libremente sus ideas de forma pacífica. No obstante, este derecho debe ejercerse en armonía con los derechos de los demás ciudadanos, garantizando la libre locomoción, el acceso al trabajo, a los servicios de salud, a la educación, al comercio y a la propiedad privada”.
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La organización pidió a las autoridades que, dentro del marco legal, adopten las medidas necesarias para preservar el orden público, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y reducir las afectaciones a la población.
También reafirmó su defensa de la institucionalidad y del respeto a la ley.

Al menos seis tramos carreteros seguían bloqueados al mediodía del viernes
De acuerdo con Provial, a las 12:39 del viernes había al menos seis puntos bloqueados en la red vial. Los tramos afectados eran Tecpán Chimaltenango y San Rafael Petzal Huehuetenango en la CA-1 Occidente, Cruce Las Victorias Quetzaltenango en la CA-2 Occidente, Chisec y Aldea Siguana Cobán en Alta Verapaz, y Villa Canales.
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El reporte agregó que en Santa Lucía Milpas Altas el tránsito seguía alternado, mientras que en El Estor la ruta estaba habilitada. La situación provocó largas filas de vehículos y complicó la llegada de alimentos, insumos y personal a distintos destinos.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores sostuvo que los bloqueos vulneran el derecho constitucional a la libre locomoción porque interrumpen cadenas de suministro, afectan el abastecimiento y ponen en riesgo el empleo, la producción y las exportaciones.
La asociación reclamó al Ejecutivo que restablezca de inmediato la circulación en todo el territorio nacional y que impulse el diálogo para buscar salidas que respeten el Estado de Derecho y los derechos constitucionales. En esa misma línea, la publicación empresarial insistió en que la paralización no resuelve el problema del combustible.
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La CIG atribuyó el aumento sostenido de los precios a factores internacionales que repercuten en la cadena logística y en la industria nacional. La cámara afirmó que, aunque el encarecimiento impacta en todos los sectores, los bloqueos agravan la situación al elevar los costos operativos y de transporte.
Arévalo se reunirá con diputados de Congreso para discutir alternativas el 27 de julio
La Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá con el presidente Arévalo para el lunes 27 de julio con el fin de discutir opciones ante el encarecimiento de los combustibles. El diputado Elmer Palencia, integrante de la comisión, dijo que los legisladores esperan conocer en las próximas horas la propuesta del Ejecutivo.
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Palencia explicó la posición de su bloque en estos términos: “Hemos sido invitados el lunes a una reunión con el presidente. Vamos a escucharlo para conocer la línea de trabajo que propone. Como siempre lo hemos hecho, como bloque Valor, si las propuestas son viables y de beneficio a la población vamos a analizarlas y en su momento diremos cuál será nuestra postura”.
La Cámara del Agro respaldó el planteo del resto de las gremiales y pidió que quienes organicen y financien los bloqueos enfrenten a la ley. El empresariado reiteró que Guatemala no puede normalizar estas acciones como mecanismo de presión y que la competitividad depende de certeza, movilidad y condiciones adecuadas para producir, trabajar, invertir y exportar.
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En paralelo, caravanas de taxistas, microbuses y tuc-tucs avanzaron hacia el Congreso, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, para exigir una respuesta al alza de los combustibles y a otros problemas del transporte. Las manifestaciones incluyeron bloqueos en puntos estratégicos con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y forzar una instancia de diálogo con el Ejecutivo.
La tensión aumentó a la espera de una conferencia de prensa del presidente de la República, que anunciará nuevas medidas para enfrentar la crisis de los combustibles y el efecto de los bloqueos sobre la economía nacional.
La coyuntura expuso la fragilidad de la logística del país frente a conflictos sociales y económicos, con impacto sobre la vida cotidiana, el comercio exterior y la confianza de los inversionistas.
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