La misión de la OEA advierte que la asunción del rector en la USAC no despeja dudas de legalidad

La Misión Especial de la OEA para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala advirtió que la reciente asunción de la autoridad rectoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala no resuelve las objeciones sobre la legalidad del proceso y puede agravar la incertidumbre institucional, la conflictividad universitaria y la confianza pública si las autoridades competentes no aclaran con prontitud los cuestionamientos pendientes.

Según el comunicado difundido por la propia misión en sus canales oficiales, la USAC ocupa un lugar central en la vida democrática, académica e institucional del país por su carácter público, autónomo y estratégico. Por eso, sostuvo, la elección y toma de posesión de sus autoridades no puede tratarse como un acto interno o protocolario sin consecuencias sobre la legalidad y la credibilidad pública.

El pronunciamiento recoge una serie de objeciones que la misión ya había expresado sobre el proceso electoral rectoral: cuestionamientos a la integración del cuerpo elector, exclusiones de votantes, acreditaciones selectivas, falta de suficiente publicidad, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló la elección.

Para la misión, esos señalamientos no son diferencias políticas accesorias entre sectores universitarios. El organismo afirmó que remiten a condiciones básicas de legalidad, integridad electoral, participación efectiva, debido proceso y legitimidad institucional, y que la sola toma de posesión del cargo no las corrige por sí misma.

La OEA sostuvo que la toma de posesión no convalida el proceso rectoral

La misión también tomó nota de la información pública sobre la situación del finiquito y de la existencia de denuncias penales o actuaciones pendientes vinculadas con la autoridad rectoral y con actos de administración universitaria. Aclaró que la existencia de denuncias, investigaciones o señalamientos no equivale a responsabilidad penal, en atención al principio de presunción de inocencia.

Aun así, precisó que cuando esos elementos se relacionan con requisitos legales para asumir o ejercer el cargo, con la administración de recursos públicos o con la regularidad del proceso electivo, las autoridades competentes e independientes deben investigar y aclarar de manera pronta, diligente, motivada y transparente sus efectos jurídicos.

La OEA remarcó que el hecho de que la asunción ya se haya producido no libera a las instituciones de esa obligación. Añadió que la falta de una respuesta institucional clara puede profundizar el conflicto universitario y debilitar la confianza pública en la legalidad del proceso.

En ese punto, la misión subrayó que la incorporación de la asunción como punto de agenda en una sesión del Consejo Superior Universitario, y no mediante un acto público de investidura, no cierra una controversia institucional que sigue sin resolverse. También señaló que esa vía administrativa interna no puede interpretarse como una validación automática de un proceso cuya integridad continúa seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca.

El organismo sostuvo que la estabilidad institucional no se obtiene por hechos consumados. Indicó que esa estabilidad depende de decisiones legales, claras, verificables y respetuosas del Estado de Derecho, y que ni el paso del tiempo, ni los actos protocolarios, ni la continuidad administrativa sustituyen la necesidad de esclarecer las objeciones de fondo que pesan sobre el proceso rectoral.

La misión pidió prudencia institucional y decisiones rápidas sobre las acciones pendientes

En su comunicado, la misión exhortó al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades universitarias competentes a actuar con máxima prudencia institucional, transparencia y apego estricto a la legalidad. Señaló que la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución, debe preservarse como garantía de libertad académica, autogobierno responsable y deliberación plural.

Al mismo tiempo, advirtió que esa autonomía no puede entenderse como un espacio exento de legalidad, rendición de cuentas y control democrático. Tampoco, agregó, puede invocarse para consolidar situaciones surgidas de procesos percibidos como excluyentes, opacos o contrarios a principios básicos de integridad institucional.

La misión también llamó a las autoridades judiciales, administrativas y de control a conocer, esclarecer y resolver con independencia, imparcialidad, celeridad y publicidad las acciones pendientes que puedan incidir en la certeza jurídica del proceso. Identificó en particular las vinculadas con el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer el cargo y con la validez de los actos determinantes del proceso rectoral, cuyas consecuencias jurídicas, afirmó, no quedan saneadas por la asunción.

El pronunciamiento incluyó además un llamado a todos los sectores de la comunidad universitaria para que ejerzan sus derechos por vías pacíficas, democráticas e institucionales. La USAC fue presentada en ese marco como un ámbito que exige garantías frente a cualquier forma de violencia, intimidación, criminalización o estigmatización contra estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, periodistas, observadores o integrantes de la sociedad civil que expresen posiciones críticas o realicen auditoría social.

La misión instó además a las autoridades estatales a garantizar, con respeto a la autonomía universitaria, la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas vinculadas a los acontecimientos en la universidad, conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

El organismo concluyó que continuará observando, dentro de su mandato, los hechos que puedan incidir en la legalidad, la legitimidad y la confianza pública de los procesos institucionales en Guatemala, y reafirmó su disposición a acompañar esfuerzos orientados al diálogo democrático, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.