
El Minfin y Segeplan abrieron las mesas técnicas del ejercicio de Presupuesto Abierto 2027 para que organizaciones de la sociedad civil presenten propuestas que puedan ser evaluadas e incorporadas al presupuesto general de la nación, en un proceso que busca convertir demandas ciudadanas en proyectos con viabilidad normativa, financiera y operativa para el próximo año fiscal.
La edición de este año es la número 11 del mecanismo de apertura presupuestaria y marca el tercer año consecutivo de trabajo conjunto entre ambas instituciones.
Después de recibir los planteamientos, las dependencias del Organismo Ejecutivo deberán emitir dictámenes técnicos para definir si las iniciativas pueden integrarse a sus planes institucionales. según la publicación del Minfin.
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Durante la primera mesa de diálogo, las organizaciones expusieron sus demandas ante equipos de planificación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas.
Ese espacio forma parte de la Fase I, llamada “Tu propuesta, nuestro compromiso”, y fue diseñado para que especialistas en planificación y finanzas públicas examinen las propuestas presentadas por actores sociales organizados.

El proceso entra en su edición 11 y exige respuesta institucional a las propuestas
La directora de Transparencia Fiscal del Minfin, Wendy Sánchez, explicó que uno de los principales retos del ejercicio es el seguimiento a las propuestas ciudadanas que sean aceptadas por los ministerios.
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La funcionaria dijo: “Tenemos desafíos importantes en este ejercicio; uno de los más fuertes es el seguimiento a las propuestas ciudadanas aceptadas por los ministerios. Debemos fortalecer la rendición de cuentas trasladando las iniciativas a las carteras correspondientes para su evaluación técnica y respuesta respectiva”.
El artículo también identifica un cambio en la dinámica del proceso: desde el año pasado, las entidades estatales deben responder, de forma positiva o negativa, a los planteamientos que reciben. Esa obligación fue destacada por Nuria Mejía, analista de Congcoop, al valorar el acompañamiento que brindan Segeplan y el Ministerio de Finanzas a las organizaciones que buscan incidir en la inversión pública.
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Mejía señaló: “Desde el 2024 vemos que ha sido un espacio efectivo, debido a que hay más acompañamiento tanto de Segeplan como del Ministerio de Finanzas para que la población organizada presente propuestas dirigidas a mejorar la inversión pública.
Además, desde el año pasado existe una obligatoriedad para que los entes estatales nos den una respuesta, ya sea positiva o negativa, sobre los planteamientos presentados”.

El especialista en desarrollo social del PNUD Elías Ahuat sostuvo que la participación ciudadana en la construcción del presupuesto público es un mecanismo técnico útil para la gestión estatal. También valoró los criterios de inclusión orientados a recoger demandas de distintos territorios, con atención específica a comunidades y pueblos indígenas.
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Salud, mujeres y territorios con retornados concentran varias de las propuestas
Una parte central de la primera jornada estuvo dedicada a proyectos de inversión social, sobre todo en salud pública y cobertura de servicios. Las organizaciones presentaron iniciativas que van desde la atención oncológica hasta salud sexual y reproductiva y salud mental.
La Fundación Lazos del Corazón propuso un modelo de atención integral y multidisciplinaria para pacientes con cáncer y sus cuidadores primarios. El objetivo planteado por la organización es mejorar la adherencia a los tratamientos médicos.
La Organización de Mujeres Tierra Viva entregó una iniciativa enfocada en fortalecer la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos pidió un aumento en la asignación presupuestaria para salud mental, con un enfoque que incluya prevención y atención curativa.
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Congcoop y el Instituto por la Democracia presentaron una propuesta técnica para elevar los recursos de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud en Huehuetenango, San Marcos y Quiché. La justificación expuesta es que esos territorios concentran los mayores índices de personas retornadas de forma forzosa al país.
Ahuat también consideró positivos los esfuerzos del Gobierno para ampliar la cobertura en educación básica y diversificada. Añadió que sigue siendo necesario mejorar la calidad de los servicios de salud en las regiones y equipar los centros asistenciales para aumentar su capacidad de respuesta.
Concluida la recepción de propuestas, las instituciones del Ejecutivo revisarán cada planteamiento en sus dimensiones normativas, financieras y operativas para determinar su viabilidad y eventual incorporación a los planes institucionales del próximo ejercicio fiscal.
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