La Universidad de San Carlos de Guatemala enfrenta una nueva escalada de protestas por la toma de posesión de Walter Mazariegos

La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala escaló ante la cercanía de la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector, prevista para el 1 de julio. En el edificio histórico de la universidad, estudiantes, organizaciones sociales y abogados advirtieron que el proceso está viciado y que el rector electo carece del “finiquito” requerido por la ley, lo que impide legalmente su asunción.

La jornada de protesta incluyó una marcha que partió desde el Parininfo universitario y se dirigió hacia el Congreso de la República. Durante el recorrido, los manifestantes reclamaron a la Corte de Constitucionalidad que resuelva los recursos legales que siguen sin respuesta y que, según sostienen, son clave para frenar la toma de posesión. Esta exigencia fue reiterada en consignas y pronunciamientos a lo largo de la movilización, subrayando la urgencia de una decisión judicial antes del 1 de julio.

Aníbal García, abogado del área jurídica del grupo USAC DIRE, sostuvo que la causa de la universidad es también la causa de la sociedad guatemalteca. “La causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala siempre va a ser una causa del pueblo de Guatemala, no es de la Universidad”, afirmó al convocar a universitarios de todas las generaciones, egresados, docentes y profesionales a sumarse en defensa de la institución pública.

García destacó que la presión central del movimiento es hacia el Ministerio Público, a quien exigen que actúe frente a las denuncias presentadas contra el Consejo Superior Universitario y el rector. “Hay denuncias ya planteadas en contra de este Consejo Superior Universitario, el rector de la Universidad”, remarcó, y añadió que existen aproximadamente veinticinco amparos pendientes de resolución ante la Corte de Constitucionalidad. La Contraloría General de Cuentas mantiene su negativa a otorgar el finiquito, requisito indispensable para la toma de posesión. “Debe mantenerse en esa postura, porque el señor no tiene finiquito. Tiene por lo menos cinco procesos abiertos y eso implica que no tenga finiquito”.

En la misma jornada, Sergio Morataya, estudiante expulsado, relató: “Yo soy uno de los estudiantes que fue expulsado de la Universidad de San Carlos por defender en el 2022, 2023, el primer fraude electoral que se llevó a cabo por parte de Walter Mazariegos”. Recordó que en 2023 fue arrestado en las instalaciones universitarias tras participar en la defensa de la autonomía y la denuncia del fraude electoral. Subrayó que la movilización actual responde a la continuidad de ese mismo conflicto: “Hoy estamos acá nuevamente con la intención de posicionarnos en contra del fraude que sigue consumando Walter Mazariegos y todos sus cómplices en el Consejo Superior Universitario”.

En ese mismo recinto universitario, escenario de la protesta presente, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), enlazó el momento actual con la historia de la universidad y el movimiento social. Recordó que el primero de mayo de 1978 fue la primera vez que participaron en la universidad y mencionó hechos como la masacre en la Tajada de España, donde murieron estudiantes y campesinos velados en ese mismo espacio.

Pascual repasó las alianzas históricas del CUC con agrupaciones como el Frente Estudiantil Rubén García y la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Resaltó que la universidad ha acompañado múltiples luchas populares, entre ellas la Marcha del Agua en 2016, y que ese vínculo sigue vigente en las demandas actuales.

Tanto Morataya como Pascual coincidieron en que la universidad pertenece al pueblo y que la lucha es por mantenerla como espacio público y democrático. Morataya detalló que la protesta congrega a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones sociales, campesinas y sectores de la población guatemalteca, todos unidos por la exigencia de frenar lo que consideran una usurpación.

Pascual denunció que la universidad es parte de una estructura criminal de corrupción e impunidad que incluye al Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema y la Procuraduría de Derechos Humanos. “¿Por qué no decir que tiene sumido al país en situaciones de corrupción e impunidad, pero en miseria, en pobreza y mucha hambre?”, cuestionó. Además, señaló que la universidad tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y las mujeres, quienes acceden muy escasamente a la educación superior: “Muchos tienen que acudir a universidades privadas para poder accesar a estudios superiores”.

García, por su parte, enfatizó que la toma de posesión anunciada no es legalmente posible: “Nosotros creemos que no es legal, que no hay posibilidades legales de que él pueda tomar posesión, porque desde el punto de vista legal él no tiene finiquito y la Ley de Probidad y la Constitución es clara”. Explicó que las acciones del movimiento incluyen tanto la presión legal como la organización social, y que los universitarios presentes exigen sus derechos y la defensa de la autonomía.

Morataya remarcó que el rector electo “no cuenta con finiquito”. “La misma Contraloría General de Cuentas le dijo que no tiene finiquito y ese es un requisito indispensable para que él pueda tomar posesión de forma ilegal, porque no ganó las elecciones, sino hizo fraude”, denunció. Pidió a las instituciones competentes que intervengan: “Exigir a las diversas instituciones que pueden hacer algo para parar este fraude electoral”.

La jornada concluyó con pedidos a la Corte de Constitucionalidad para resolver los recursos legales pendientes sobre la Universidad de San Carlos.