El crecimiento de las pandillas en Guatemala ha transformado el panorama criminal, dotando a estos grupos de mayor capacidad logística y financiera.
El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, explicó en una entrevista con la agencia EFE, que la diversificación de sus actividades les ha permitido adquirir más recursos para expandir su influencia y equipamiento.
Las autoridades reportan que los grupos criminales conocidos como Mara Salvatrucha y Barrio 18 han dejado de centrarse únicamente en extorsiones y narcomenudeo, para involucrarse directamente en el narcotráfico a gran escala, con ventas de marihuana y cocaína en diferentes puntos del país.
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El jefe policial detalló que estas pandillas no solo distribuyen drogas, sino que también han robado cargamentos para fortalecer su posición en el mercado ilegal.
La transición de las extorsiones al narcotráfico ha hecho que estos grupos cuenten con fondos suficientes para adquirir armas, motocicletas y teléfonos celulares, herramientas que utilizan tanto para operar como para intimidar a sus víctimas.
Además, han implementado sistemas de videovigilancia en las calles para monitorear los movimientos de la policía, aunque las fuerzas de seguridad han logrado desmantelar varias de estas redes tecnológicas.
El fenómeno de la mutación de las pandillas en Guatemala responde a una estrategia de diversificación criminal que les permite consolidar su poder territorial.
De acuerdo a lo expresado por el director policial en la entrevista con EFE, la policía ha identificado que ningún acto delictivo se ejecuta sin la orden directa de los líderes de pandilla o de los responsables de cada clica en los distintos territorios del país.
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Estrategias policiales y respuesta estatal
Para frenar el reclutamiento forzado de menores en zonas vulnerables, las autoridades han puesto en marcha programas como ‘Escuelas Seguras’, que incluyen revisiones de mochilas en centros de estudio y la protección de escuelas públicas en sectores conflictivos.
Estas acciones buscan impedir que los brazos operativos de las maras penetren en espacios educativos y capturen nuevos miembros.
El combate a estas estructuras ha requerido la declaración de estados de sitio y de prevención en áreas consideradas zonas rojas, medida adoptada este año bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León.
Esta política ha permitido el despliegue conjunto de la policía y el Ejército, mejorando la vigilancia en el transporte público y recuperando el control de espacios públicos.
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Un componente clave de la estrategia estatal es el aislamiento de los líderes pandilleros, quienes antes coordinaban delitos desde la prisión.
La apertura de una cárcel de máxima seguridad, inaugurada el año pasado, ha buscado cortar los canales de comunicación telefónica y limitar la capacidad de mando de estos jefes criminales.
Obstáculos judiciales y desafíos futuros
Las autoridades han intensificado los decomisos de armas, con un incremento superior al 32 % en 2026 respecto al año anterior, como parte de la ofensiva para debilitar la economía ilegal de las pandillas.
Sin embargo, la coordinación con el Ministerio Público enfrenta obstáculos, ya que la debilidad de las leyes permite que muchos delincuentes obtengan medidas sustitutivas o salgan libres tras aceptar cargos en apenas 72 horas.
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El propio director de la policía expresó su frustración por esta realidad, al señalar que muchos agentes arriesgan la vida capturando criminales que, poco después, recuperan su libertad debido a fallas en el sistema judicial.
Esta situación complica la lucha contra el crimen organizado y pone de manifiesto la necesidad de reformas legales para impedir la reincidencia y proteger a la población guatemalteca.
La evolución de las pandillas hacia el narcotráfico plantea nuevos retos para las fuerzas de seguridad y exige una respuesta integral que combine esfuerzos policiales, militares, judiciales y sociales para frenar el avance de estas redes delictivas.
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