Consuelo Porras habló este martes 2 de junio por primera vez desde el fin de su gestión como fiscal general de la República de Guatemala. En un breve contacto con la prensa, evitó responder la mayoría de las preguntas y, ante la consulta sobre cómo afrontará eventuales denuncias o una posible salida del país, respondió: “Como todo ciudadano honesto y responsable”.
El 17 de mayo, tras ocho años en el cargo, quedó fuera de la lista final para dirigir la Fiscalía en el período 2026-2030. Su salida trasladó al presidente Bernardo Arévalo de León la decisión sobre la próxima conducción del organismo.
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Más de 50 personas debieron abandonar Guatemala y buscar refugio en el extranjero durante su gestión, mientras José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal Stuardo Campo siguen detenidos sin sentencias firmes, según el texto fuente.
Human Rights Watch denunció, de acuerdo con esa misma información, que la administración de Porras permitió impunidad para antiguos presidentes y persiguió a figuras consideradas incómodas para el poder.
Sanciones y cuestionamientos
La salida de Porras se produjo porque no logró entrar en la nómina final de candidatos para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Esa exclusión puso fin a un ciclo que, según el texto fuente, parecía improbable de cerrar en 2022, cuando una orden judicial la mantuvo en la contienda para la reelección.
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Desde su llegada en 2018, Porras fue elegida por el entonces presidente Jimmy Morales y luego ratificada para un segundo mandato por Alejandro Giammattei. Según EFE, su gestión fue cuestionada dentro y fuera del país por presuntamente usar la fiscalía para proteger a quienes la designaron y perseguir a opositores, periodistas y líderes civiles.
En 2021, Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, le retiró la visa y la calificó como “actora antidemocrática y corrupta”, según el texto fuente. EFE informó además que al menos 40 organismos internacionales y países adoptaron medidas similares.
La Unión Europea también impuso restricciones después de los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2023. Según el texto fuente, la funcionaria intentó anular la victoria de Bernardo Arévalo de León con acusaciones de fraude sin pruebas.
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El relevo y las causas abiertas
Ese enfrentamiento con el actual presidente marcó la etapa final de su gestión. Según palabras de Arévalo citadas por EFE en el texto fuente: “Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo”.
Las acciones judiciales promovidas desde la fiscalía para invalidar la llegada de Arévalo al poder fueron interpretadas, según el texto fuente, como un intento de desestabilización institucional. La salida de la fiscal general elimina ese foco directo de tensión, pero deja abiertas las causas impulsadas durante su mandato y sus efectos sobre actores de la sociedad civil, la prensa y el sistema judicial.
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El paso de Consuelo Porras Argueta por el Ministerio Público también quedó marcado por decisiones que alimentaron la percepción de impunidad. EFE detalló, según el texto fuente, que la funcionaria acumuló más de 800 días de “protección oficiosa” sobre el expresidente Alejandro Giammattei, quien también figura en listas de sancionados por corrupción.
La ausencia de juicios contra los mandatarios que la designaron profundizó el descontento de organizaciones civiles y de la comunidad internacional, de acuerdo con el texto fuente. Esa percepción se sumó a los procesos abiertos contra periodistas, exfiscales, jueces y líderes indígenas.
A partir del 17 de mayo, la responsabilidad de definir la nueva conducción del Ministerio Público recaerá sobre Bernardo Arévalo de León. Según el texto fuente, deberá escoger a la persona que encabezará la institución en un contexto de expectativa y vigilancia.
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