
El gobierno de Guatemala publicó este lunes el reglamento que oficializa el subsidio temporal a los combustibles, una medida que busca amortiguar el efecto de la crisis internacional de precios sobre los consumidores, sin comprometer el equilibrio fiscal ni los servicios públicos esenciales. El subsidio, detallado en el Acuerdo Gubernativo 64-2026 y dado a conocer por el Diario de Centroamérica, establece su entrada en vigencia inmediata, aunque la aplicación directa del beneficio económico comenzará el 1 de mayo.
El respaldo financiero de la iniciativa, que asciende a 2.000 millones de quetzales y representa el 1,25 % del presupuesto nacional, quedó definido en el Diario Oficial y fue aprobado por más de 115 votos en el Congreso a través del Decreto 11-2026 el 14 de abril. De acuerdo con declaraciones de Jonathan Menkos Zeissig, ministro de Finanzas Públicas, a LaRontaGT, el monto se obtiene íntegramente de la redistribución presupuestaria entre ministerios y sin recurrir a nueva deuda ni ampliación de impuestos. El presidente Bernardo Arévalo, acompañado de Menkos Zeissig en una conferencia de prensa, remarcó que la medida se instrumenta ante una situación inédita motivada por “condiciones bélicas del otro lado del mundo”, lo que ha provocado el alza global de los hidrocarburos. El propósito oficial es que la ayuda se traslade "directamente en la factura de las gasolineras“.
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El subsidio temporal tendrá una duración de tres meses y está diseñado para que cada reducción se refleje de forma inmediata en el precio final para el consumidor: el galón de diésel disminuirá en ocho quetzales, mientras que el de gasolina súper y regular lo hará en cinco quetzales, especificó Menkos Zeissig a LaRontaGT. La transferencia debe ser visible al usuario en todas las estaciones de servicio, bajo monitoreo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). En caso de incumplimiento se aplicarán sanciones.

El financiamiento no afecta programas sociales ni incrementa la deuda pública
El financiamiento de esta intervención recae exclusivamente en recursos existentes: el Ministerio de Comunicaciones reasignará 550 millones de quetzales, Defensa Nacional integrará 400 millones, Agricultura y Alimentación participará con 58 millones, las Obligaciones del Tesoro aportarán 420 millones, y el propio Ministerio de Finanzas sumará 30 millones de quetzales. Menkos Zeissig puntualizó que la operación no afectará pensiones, salarios ni compromisos constitucionales y que el techo de la deuda pública, fijado para 2024 en 24.098 millones de quetzales, permanecerá inalterado.
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La operativa queda reservada para importadores de combustibles inscritos ante la Dirección General de Hidrocarburos, quienes deben trasladar la rebaja desde las plantas de almacenamiento hasta el usuario final en la estación de servicio. Las cuentas para recibir el subsidio deberán registrarse ante la Tesorería Nacional, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) remitirá reportes semanales a Energía y Minas para validar los pagos.
Régimen y supervisión del subsidio para evitar desvíos
Según el reglamento publicado, la actualización de los precios de referencia se ajustará semanalmente, siguiendo las condiciones del mercado internacional. Para determinar los procesos administrativos, se estableció un período de corte de facturación de lunes a domingo, como informó el Diario de Centroamérica. El Ministerio de Energía y Minas será el responsable de aplicar la subvención solo a importadores verificados por la SAT, mientras que la DIACO supervisará el cumplimiento ante los usuarios.
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Las autoridades confirmaron que “los expedientes de redirección presupuestaria estarán listos entre el 22 y el 23 de abril” para que la entrada en vigor del acuerdo ocurra antes del 30 y la rebaja se aplique a partir del 1 de mayo. El Congreso avaló el esquema y descartó un incremento presupuestario, remarcando que toda la operación se realiza mediante la redistribución de partidas existentes. El subsidio concluirá después de tres meses, sin afectar servicios prioritarios como educación, salud o seguridad, según la postura oficial reiterada por Arévalo y Menkos Zeissig.
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