Bolivia perdió un arbitraje internacional con el banco español BBVA, una de las entidades que administró durante más de 25 años las pensiones de los trabajadores, y deberá pagar 105 millones de dólares de compensación, según dio a conocer la Procuraduría General del Estado. Con este fallo, la deuda global del país supera los 479,9 millones de dólares.
El pago se fija luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara la solicitud del Estado boliviano para anular el laudo arbitral internacional, con lo que se ratificó un fallo emitido en 2022. Según el procurador Hugo León, todas las instancias legales en este proceso arbitral se agotaron, por lo que el pago constituye una obligación jurídica definitiva.
“El Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó el recurso de Bolivia, con esta decisión, el fallo quedó firme, definitivo e irreversible”, afirmó León. “El Estado ha utilizado los mecanismos legales disponibles; estamos, por lo tanto, ante una obligación jurídica consolidada”, agregó.
La decisión del tribunal pone fin a una controversia que se originó tras la nacionalización del sistema privado de pensiones en 2010, durante el gobierno del ex presidente Evo Morales (2006-2019), cuando el país asumió el control de la administración de las pensiones que hasta entonces estaban en manos de dos compañías privadas: BBVA Previsión y Futuro de Bolivia.
El Gobierno creó en 2010 la Gestora Pública de Pensiones que, tras un proceso gradual de implementación, se puso en marcha en el año 2023.
Según el banco español, en diversas ocasiones buscaron negociar con el gobierno de Bolivia un traspaso “fluido y ordenado con el regulador y las autoridades”, pero no hubo acercamiento en las posturas “en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”, señala una nota de prensa.
En ese sentido, en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En 2022, el organismo falló a su favor y ordenó al Estado boliviano pagar la indemnización.
Pese a que Bolivia intentó revertir esa determinación, el fallo del Tribunal Supremo lo ratifica y sube la deuda boliviana a más de 477,9 millones de dólares. En marzo la Procuraduría informó que el país debía pagar 444,6 millones de dólares por arbitrajes de inversión y 33,2 millones por juicios comerciales, luego de haber ganado solo dos de 28 arbitrajes internacionales.
La millonaria deuda se presenta en un momento complejo para el país que, tras más de una década de bonanza por la exportación de las materias primas, atraviesa una crisis económica atribuida principalmente a la debacle de la industria de los hidrocarburos y la caída en la renta petrolera.
Bolivia sufrió una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 que se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez y surgió un mercado paralelo de divisas, que provocó el aumento sostenido de los precios de productos básicos.
Adicionalmente, las dificultades de importación de combustible provocaron irregularidades en el suministro y perjuicios para sectores estratégicos de la economía. El año 2025 cerró con una inflación de 20,4% y para este año el Gobierno proyecta un 14% con un déficit fiscal de 9%.
Al darse a conocer el fallo relacionado al banco español, la Procuraduría General del Estado anunció que impulsa auditorías a todos los procesos y arbitrajes que enfrentó el país en tribunales internacionales con el objetivo de “sancionar a los responsables si se adoptaron malas políticas de defensa” y tratar de recuperar los recursos comprometidos. En paralelo, autoridades de la procuraduría afirman que se trabajará en fortalecer la defensa legal del Estado en litigios internacionales que aún están en curso.
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