El Salvador ha experimentado un incremento notable en las importaciones de scooter y motocicletas, tendencia que refleja cambios en la movilidad urbana y el creciente interés de la población por alternativas de transporte.
La presencia cada vez más frecuente de estos vehículos en las principales arterias del país ha despertado la atención sobre la magnitud de las importaciones, así como sobre los desafíos regulatorios asociados a su circulación.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, las scooter se encuentran clasificadas bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) en la partida 87.11, la cual agrupa motocicletas —incluidos ciclomotores— y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él, así como los propios sidecares. Esta categorización es fundamental para el control de las importaciones y la elaboración de estadísticas comerciales.
Según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, correspondientes al periodo acumulado de enero y febrero de 2026, el país registró importaciones por un valor de USD 18.8 millones en la partida 87.11.
Este monto representa un crecimiento consistente frente a años anteriores y, en solo dos meses, ya se acerca al total alcanzado durante 2025, cuando las importaciones sumaron USD 20.2 millones.
La evolución histórica muestra una tendencia ascendente: en 2024, la cifra fue de USD 11.3 millones, mientras que en 2023 se ubicó en USD 8.7 millones.
El desglose de las importaciones por país de origen revela que China y la India ocupan las primeras posiciones como proveedores, con USD 9.1 millones y USD 8.7 millones respectivamente, seguidos a gran distancia por Tailandia, Japón y Colombia.
Por tipo de vehículo, las motocicletas y scooter con motor de cilindrada superior a 50 cm³ e inferior o igual a 250 cm³ concentran la mayor parte del valor importado, con USD 16.9 millones en el mismo periodo.
La acelerada expansión en la circulación de scooters responde a una serie de factores, entre los que destacan la búsqueda de soluciones ágiles frente al tráfico urbano, el bajo consumo de combustible y la facilidad de acceso a modelos de bajo costo importados principalmente de Asia.
No obstante, este dinamismo plantea interrogantes sobre la regulación y el control del parque vehicular de scooters y otros medios de transporte alternativos.
Recientemente, representantes de la Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) señalaron en una entrevista televisiva la urgencia de incluir a los nuevos tipos de movilidad en la Ley de Tránsito.
El marco legal salvadoreño aún no ha adaptado normativas que contemplen de manera específica la circulación, registro, homologación técnica y seguridad vial de estos vehículos.
En la actualidad, la mayoría de las regulaciones de tránsito se han desarrollado pensando en automóviles y motocicletas tradicionales, lo que genera vacíos legales y dificultades para la gestión ordenada de las nuevas formas de movilidad.
A pesar de que la presencia de scooters ha crecido de manera visible en ciudades como San Salvador y Santa Tecla, la ausencia de una legislación diferenciada para este segmento ha provocado debates sobre la seguridad de los usuarios, la convivencia vial y la necesidad de implementar requisitos claros sobre el uso de casco, portación de documentos y límites de velocidad.
Además, la falta de registros desagregados dificulta la elaboración de políticas públicas que respondan a la realidad del parque de scooters y su impacto en la movilidad sostenible.
El Salvador se encuentra así en una encrucijada: por un lado, el auge de importaciones y el uso masivo de scooters evidencian una transformación en la cultura del transporte; por otro, el país debe avanzar hacia un marco regulatorio que garantice tanto la seguridad vial como el orden en el espacio público.
El seguimiento de estas tendencias por parte de las autoridades y la adaptación normativa serán claves para que la expansión de las scooters contribuya a una movilidad más eficiente y segura.
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