El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), junto a destacados representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y agrupaciones estudiantiles, convocó a una movilización para el 22 de abril en la Ciudad de Guatemala. El objetivo central es rechazar lo que consideran la imposición en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y exigir una elección transparente para el cargo de fiscal general. Los organizadores comunicaron estas demandas en una conferencia de prensa, advirtiendo sobre la necesidad de defender la autonomía universitaria y la integridad de la vida democrática, según informó Codeca.
En esa conferencia, los integrantes de Codeca precisaron que la marcha se desplegará desde cuatro puntos principales: El Trébol, El Periférico, El Obelisco y la Calle Martí. Esta acción fue anunciada por Carlos Hernández, Sandra Xinico Báez, Cristian Sánchez y Leocadio Juracán, quienes representan al comité y llamaron a la sociedad civil a sumarse a la protesta.
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La marcha del 22 de abril moviliza a organizaciones estudiantiles y campesinas
El pronunciamiento se dirige a la figura de Walter Mazariegos, acusado por los convocantes de ocupar la rectoría de la USAC mediante un proceso que, dicen, fue apoyado por un Consejo Superior Universitario “cooptado”. Las agrupaciones enfatizaron: “Denunciamos este fraude que se realizó en la casa de estudios superiores, reconocemos como legítimo rector al doctor Rodolfo Chang”, atribuyendo a Chang la autoridad universitaria que consideran legítima.
La fecha elegida para la movilización, el veintidós de abril, coincide con el Día Internacional de la Madre Tierra. Representantes del Frente Nacional de Lucha y de estudiantes en resistencia de la USAC señalaron que esta simbología refuerza la exigencia de respeto por los recursos naturales y la condena al “saqueo del capitalismo y el neocolonialismo”. Los manifestantes puntualizaron que “la Tierra es nuestra madre y no una mercancía”, y denunciaron la persecución de quienes la defienden, mientras persiste la impunidad para quienes la explotan.
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Según los líderes de Codeca y CCDA, el Gobierno debe abandonar la indiferencia ante las demandas del campesinado y establecer una política efectiva sobre tierra y territorio. La plataforma organizadora reclamó recursos para garantizar la soberanía alimentaria y denunció la desviación de fondos públicos “por la corrupción y el clientelismo político”, indicando que el dinero “debe ponerse al servicio de los pueblos” en lugar de perpetuar la precariedad en las comunidades.
Exigen ruptura con la impunidad y nacionalización de la energía eléctrica
Durante el encuentro con los medios, los portavoces solicitaron que el presidente Bernardo Arévalo rompa con los “pactos de impunidad” en la elección de fiscal general y asegure que el Ministerio Público esté orientado a la justicia y no a intereses particulares. “Exigimos al presidente Bernardo Arévalo que rompa con los pactos de impunidad en la elección de fiscal general y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia, no de los poderosos”, señalaron los representantes de Codeca.
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La conferencia también incorporó denuncias sobre la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos, instando al Ejecutivo a actuar frente a asesinatos y persecuciones dirigidas a líderes de luchas campesinas y sociales. Entre las demandas se incluyó la intervención gubernamental ante abusos en el servicio de energía eléctrica y el respeto al derecho a la resistencia. El colectivo advirtió: “La energía eléctrica es un derecho, no un negocio. Exigimos su nacionalización para evitar más conflictividad en las comunidades”.
Un bloque estuvo dedicado a la situación económica. Los organizadores reclamaron medidas urgentes para frenar la inflación, bajar el costo de los combustibles y detener los “abusos empresariales” que afectan a las poblaciones rurales. Apuntaron como ejemplo el salario de 66.000 quetzales otorgado a los diputados del Congreso, tildándolo de “una burla” ante las condiciones de precariedad que viven sectores populares.
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En este escenario, Codeca y CCDA consideran que el actual Gobierno mantiene un sistema “intacto al servicio de las élites, del capital y de un modelo que despoja y empobrece”. Por tal motivo, llamaron a los colectivos y organizaciones sociales a “avanzar hacia una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”, con el objetivo de construir un Estado popular que garantice el “buen vivir” para todas las comunidades.
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