La judicialización y la inacción institucional podrían retrasan por meses la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo

El estancamiento en torno a la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo fue puesto bajo escrutinio público después de que José Chic, diputado de la bancada Vos, citara a los viceministros de seguridad del ministerio de Gobernación, Estuardo Solórzano y viceministro de Política de Defensa y Planificación del ministerio de la Defensa Nacional, Jorge Mario Lemus para detallar las medidas en curso.

Según la intervención transmitida por el propio legislador, la falta de avances obedece no solo a la judicialización del proyecto, sino también a la ausencia de instrucciones claras del Ejecutivo hacia la Procuraduría General de la Nación (PGN), órgano clave para destrabar el proceso legal.

El legislador subrayó que la expectativa social en Guatemala recae sobre la celeridad y la coordinación institucional para reanudar la obra, cuyos trabajos están detenidos tras la judicialización reciente.

El proceso judicial y la paralización de la obra de El Triunfo pueden extenderse por al menos ocho meses

Durante la audiencia, Chic advirtió que, siguiendo los tiempos estándar de resolución en la corte, el bloqueo judicial podría impedir retomar la construcción durante “por lo menos ocho meses”, incluso si no surgen nuevas apelaciones. Este lapso se complica por la interposición de recursos legales por parte del Gobierno, cuya existencia no había sido detallada públicamente hasta el momento, señala la transmisión obtenida en la citación.

La construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo permanece suspendida, en medio de recursos legales y una gestión institucional dispersa.

Las autoridades responsables, citadas por el diputado José Chic, confirmaron que la Procuraduría General de la Nación no ha recibido instrucciones del Ejecutivo y ni siquiera ha sido formalmente notificada para intervenir en el proceso, lo que prolonga la incertidumbre y la parálisis en la reactivación de la obra.

Falta de instrucciones y liderazgo desde el Ejecutivo agravan el estancamiento institucional

Chic remarcó la baja ejecución de obras reales de seguridad y la falta de liderazgo interinstitucional para coordinar respuestas, más allá de la promoción en redes sociales dirigida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Se refirió también a la ausencia de intervención por parte de la PGN, la cual, pese a contar con una nueva ley que refuerza sus competencias, continúa sin recibir instrucciones del Ejecutivo, ni en el caso de la USAC ni en el de la cárcel de El Triunfo.

El legislador afirmó que “mucho discurso, pocas acciones”, señalando tanto a la institucionalidad central como a los responsables de obra pública por la falta de voluntad y gestión eficiente. Criticó que los funcionarios suelen atribuir las demoras a terceros, cuando según él, la raíz reside en la descoordinación interna: “Ya no es porque alguien no los deje trabajar; es la misma institucionalidad la que no está moviéndose y no está trabajando”. Chic advirtió que esta situación transmite a la población guatemalteca una imagen de incapacidad gubernamental, que incide tanto en la percepción pública como en la posibilidad concreta de mejorar la seguridad y la infraestructura penitenciaria en el país.

En declaraciones recientes, el presidente Bernardo Arévalo, anunció que retomará la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal cuando se resuelva la pausa legal impuesta al proyecto.

Arévalo vinculó directamente a redes del narcotráfico local con las maniobras judiciales que detuvieron el avance de la obra. El mandatario sostuvo que la cárcel es una pieza central en la estrategia nacional para enfrentar la criminalidad organizada y aseguró que, tras cuatro décadas sin nuevas inversiones penitenciarias, el Estado no desistirá en su propósito.

En su intervención, transmitida por canales oficiales y citada por Gobierno de Guatemala, Arévalo afirmó que la construcción de la cárcel El Triunfo en Morales, Izabal, encontró resistencia judicial apenas un día después del inicio formal de la obra.

Según el presidente, la reacción era previsible, dado que la nueva infraestructura implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculiza los tráficos ilegales en el área, declaración reiterada frente a la prensa y altos funcionarios.