La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras presenta balance de gestión y plan para próximo periodo ante Postuladora

Consuelo Porras defendió ante la comisión de postulación los resultados de su gestión al frente del Ministerio Público de Guatemala, destacando una cobertura nacional con 340 agencias y un 99,7% de resolución de casos en mora, en el marco de su aspiración a una tercera reelección, según informó la propia fiscal general en audiencia pública ante la comisión correspondiente.

Al presentar su plan de trabajo para 2026-2030, Porras resaltó el crecimiento institucional logrado desde 2018, puntualizando que el Ministerio Público pasó de 174 a 693 dependencias en ese periodo, lo que representa un incremento del 250%.

Subrayó además que la digitalización de procesos alcanza actualmente el 100% mediante el sistema ASTREA, posicionando al Ministerio Público como referente regional en gestión tecnológica, según sus palabras ante la comisión de postulación en el proceso de entrevistas públicas, transmitidas por los canales oficiales del Organismo Judicial.

La fiscal general Consuelo Porras inició su intervención mencionando que el organismo cuenta con 149 agencias especializadas y cuatro certificaciones internacionales orientadas a la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Destacó la cooperación con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y ICE a través de cinco unidades especializadas, junto con la interconexión con quince instituciones estatales para fortalecer la investigación criminal.

En el último registro, se han realizado 7.145.275 consultas institucionales, cifra que, según Porras, ha permitido reducir costos y atender nuevas prioridades presupuestarias dentro del Ministerio Público. También reportó el funcionamiento de un observatorio interinstitucional anticorrupción y del observatorio de las mujeres, enfocados en la prevención y combate de la corrupción y en la atención de delitos de género, respectivamente.

Porras recalcó que se ha alcanzado “menos de dos meses para la resolución de denuncias ingresadas”, lo que definió como “un Ministerio Público al día”. Explicitó que la eficiencia global de la institución fue de 116% desde 2018, de acuerdo con la medición del flujograma de justicia criminal que evalúa a todo el sistema de justicia guatemalteco.

El plan 2026-2030: continuidad institucional y capacidad instalada

Consultada por los fundamentos de su propuesta, Porras explicó que el plan busca mantener la mejora continua y asegura una justicia pronta y cumplida, junto con el acceso universal a la justicia. Subrayó que la capacidad instalada a nivel nacional está lista para cualquier sucesor: “Todo está instalado, tenemos toda la capacidad, tenemos todo el andamiaje, tenemos toda la infraestructura, inclusive poderle manifestar con profunda satisfacción que en cuanto a los edificios hemos hecho uso debido de todos los bienes extinguidos para evitar pagar rentas.”

Respecto a la objetividad en la gestión, particularmente ante procesos electorales en 2021, 2024 y 2025, la fiscal general afirmó que el Ministerio Público reaccionó sin demora ante las denuncias y que los equipos fiscales cuentan con mínimos casos pendientes. Indicó: “Hemos superado casi el cien por ciento de la resolución de casos y, consecuentemente, todos los equipos fiscales están ahorita con un mínimo de denuncias pendientes de poder investigar”.

Control judicial y percepción pública

Ante cuestionamientos sobre el uso de la desestimación de denuncias, Porras señaló que la eficiencia institucional está sujeta a controles judiciales. Describió la existencia de equipos diferenciados para delitos graves y menos graves, y que la decisión sobre la judicialización de casos procede según criterios estandarizados y bajo supervisión de jueces.

Cuando la comisión abordó las críticas y el rechazo social hacia su gestión, Porras fundamentó la validez de su desempeño en auditorías y encuestas externas. Sostuvo que el 95% de los usuarios del sistema califican positivamente la gestión del Ministerio Público y que la institución cumple todos los requisitos legales de idoneidad, capacidad y honorabilidad.

“Va a resultar siempre obvio que las personas que son sometidas a una investigación y persecución penal jamás van a estar de acuerdo con la actuación del Ministerio Público,” expresó Porras, recalcando que la legalidad, la institucionalidad y la honorabilidad han guiado su mandato.

Políticas futuras y criterios legales

Respecto a los criterios de priorización y reserva de casos, Porras explicó que el nuevo modelo de gestión de casos estandariza los plazos para investigar delitos graves y no graves, permitiendo una asignación especializada por tipología.

Insistió en que la reserva de las investigaciones es un mandato conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal: solo los sujetos procesales acceden a la información, salvo disposición de jueces o leyes especiales basadas en la naturaleza de los delitos investigados.

Consultada sobre recomendaciones a la próxima autoridad, Porras remarcó que el Ministerio Público opera bajo un marco regulado en el que cada fiscal observa los lineamientos de la política de persecución penal, con controles informáticos y jerárquicos que fiscalizan la actuación y el desempeño de manera constante.

El plan presentado por Consuelo Porras para un tercer período contempla ocho ejes estratégicos centrados en la continuidad de los modelos y la sistematización tecnológica, junto a acuerdos internacionales que, según su exposición, han posicionado al Ministerio Público como referente regional en transformación y gestión judicial.