El Congreso de Guatemala decidió mantener la entrada en vigor del reglamento que establece la revisión mecánica obligatoria y el control de velocidad para el transporte colectivo y de carga, tras el accidente ocurrido el pasado sábado en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, que dejó cuatro muertos.
La medida, debatida desde 2016 y repetidamente postergada, vuelve a ocupar el centro de la agenda legislativa ante el aumento sostenido de víctimas en las carreteras, en la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque.
El diputado Jairo Flores, de la bancada VOS, expuso que el parque vehicular nacional de transporte colectivo alcanza aproximadamente 21 mil unidades, pero solo unas 300 cuentan con reguladores de velocidad. Advirtió que, en el transporte pesado, la proporción de vehículos equipados con estos dispositivos es todavía más baja. Flores criticó que, desde la promulgación de la ley vigente en 2016, el Ministerio de Comunicaciones no ha presentado ninguna multa contra infractores, lo que, según él, pone en evidencia el escaso impacto de las normativas en la seguridad vial nacional.
Más de 20 mil fallecidos en accidentes viales desde 2017
De acuerdo con la diputada Inés Castillo de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) estima en 2.500 anuales las muertes por accidentes de tránsito en el país. En los ocho años entre 2017 y 2026, se han acumulado más de 20 mil víctimas fatales atribuibles a siniestros en rutas nacionales, la mayoría relacionados con malas condiciones viales, falta de señalización e impericia o negligencia de los conductores. Castillo afirmó: “Se han enlutado veinte mil familias” y respaldó que una aplicación firme de la ley podría haber evitado una parte considerable de esas pérdidas humanas, según sus declaraciones en el desarrollo de la discusión.
El nuevo reglamento, elaborado en 2016 y objeto de sucesivas prórrogas, faculta al Ejecutivo para sancionar la circulación de vehículos sin reguladores y realizar inspecciones mecánicas. Pero, según los parlamentarios, la Dirección General de Transporte (DGT) no ha implementado acciones concretas para fiscalizar ni sancionar a los infractores y, en casos recientes, permitió que vehículos involucrados en siniestros quedaran bajo custodia privada, en contravención de lo ordenado por la propia ley.
La diputada Alejandra Ajcip (bancada Elefante) apuntó que muchas unidades de carga y transporte público que debieron ser retiradas por antigüedad siguen circulando porque el Gobierno permitió su operación a pesar de su evidente desgaste. Señaló que la responsabilidad recae también sobre la Dirección General de Transporte y las instancias de tránsito, cuya presencia y acciones de fiscalización en calles y rutas son insuficientes. Ajcip advirtió: “Si hoy nosotros aplazamos más o prorrogamos más el inicio de esta vigencia de la ley, definitivamente vamos a estar lamentando más pérdidas de vidas humanas y esto ya no puede suceder”.
El debate sobre costos, corrupción y aplicación efectiva
El diputado Rodrigo Pellecer (bancada Elefante) llamó a no dilatar más la implementación de la norma. Recordó que hay empresas de transporte que ya se ajustaron al reglamento, y detalló que el costo del regulador de velocidad varía entre 800 y 5.000 quetzales. Pellecer enfatizó que “no se puede privilegiar el bolsillo de los transportistas por sobre la vida de los guatemaltecos”.
En paralelo, los legisladores señalaron irregularidades dentro de la administración del transporte: Flores denunció que en la DGT persiste una “presa maliciosa” para la aprobación de licencias a transportistas, fomentada por sobornos y demoras sin justificación reglamentaria. También mencionó prácticas corruptas en torno a la colocación de reguladores de velocidad, apuntando al Viceministerio de Transporte como responsable de supervisar y denunciar esos abusos.
Posturas encontradas y límites de la reforma
Algunas voces pidieron una nueva prórroga para evitar el “paro nacional” de transportistas, pero prevaleció el criterio de avanzar en la reglamentación vigente. Legisladores como Lucrecia Marroquín (bancada Unionista) recordaron que “setenta kilómetros es suficiente para un vehículo de transporte público”, rechazando reabrir la discusión sobre límites de velocidad ya establecidos y manteniendo el foco en la intervención inmediata del Ejecutivo.
El debate a raíz del accidente en Palín-Escuintla y de las estadísticas que presentó el INACIF llevó a los jefes de bloque a sostener que toda muerte durante un periodo de ampliación de la moratoria sería, en adelante, responsabilidad política de quienes votaran a favor del aplazamiento. Flores afirmó: “Nosotros como bancada no vamos a votar. Lo digo con toda claridad y con toda honestidad, no vamos a votar, porque hemos visto esa irresponsabilidad que hay”.
El Congreso de Guatemala sostiene la urgencia de aplicar plenamente el reglamento pendiente desde 2016, delegando al Ministerio de Comunicaciones y sus dependencias la ejecución efectiva de los controles que la ley contempla. El saldo de víctimas y la repetición de siniestros graves, como el más reciente en la autopista Palín-Escuintla, marcan la necesidad de una política de fiscalización activa y sanciones respaldadas por la normativa vigente, cuyo impacto se medirá en la reducción futura de cifras trágicas que hoy se cuentan por miles.
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