La designación de los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala enfrenta acusaciones de injerencia extranjera, denuncias de corrupción y una abierta advertencia de Estados Unidos sobre la presencia de narcotráfico en el proceso legislativo.
Las declaraciones en torno a la candidatura de Roberto Molina Barreto, actual magistrado, y las influencias que rodean a su posible reelección han intensificado el escrutinio sobre el Congreso, en un contexto que amenaza con poner en juego la legitimidad institucional del país.
El presidente, Bernardo Arévalo, afirmó la existencia de un lobby ante Estados Unidos orientado a favorecer a Molina Barreto, acusaciones a las que se suman pronunciamientos de legisladores y del representante diplomático estadounidense.
Por su parte, el encargado de negocios John Barrett advirtió que “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”, en referencia a la posible infiltración de actores ilícitos en los procesos de elección de segundo grado en el Congreso, según informó en redes sociales de la embajada.
Estados Unidos observa con preocupación la posible infiltración criminal en la elección
La advertencia lanzada por John Barrett tuvo un impacto especial durante el proceso en curso. El diplomático estadounidense fue claro respecto a la postura de su país: “Como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos”, puntualizó, afirmando al mismo tiempo el límite ante la presencia de actores delictivos.
Barrett remarcó que Estados Unidos seguirá de cerca la limpieza con la que se desarrolle la elección, subrayando que no admitirá “contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Presiones externas, negociaciones y disputas marcan la pugna interna en el Congreso
La tensión escaló con las declaraciones del diputado oficialista Samuel Pérez, quien sostuvo que hay “millones de dólares” en juego en la designación de Consuelo Porras para la Corte Suprema de Justicia y de Roberto Molina Barreto para la Corte de Constitucionalidad.
Según Pérez, la manipulación proviene del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), “la más rancia oligarquía corrupta de nuestro país”, además de operadores legislativos como Álvaro Arzú y Alan Rodríguez.
Pérez denunció que existen instrucciones de “lobistas en Estados Unidos” cuyo propósito, según su testimonio, sería condicionar la elección de altos funcionarios a cambio de ventajas económicas y políticas. Declaró: “Millones de dólares para que se dieran instrucciones para elegir a Consuelo Porras en la Corte Suprema de Justicia y a Roberto Molina Barreto en el Congreso”.
El diputado aseguró que los últimos días fueron el escenario de una reacción por parte de los grupos que, según su versión, intentan subordinar los intereses nacionales a agendas sectoriales y extranjeras, alertando sobre el riesgo: “lo que podría dejar el destino del país en manos de tres personas en la Corte de Constitucionalidad que no conocen de criterio ni convicción, pero sí de negocios y de avaricia”.
Pérez también objetó los antecedentes de Molina Barreto, detallando que, en su permanencia en la Corte, resultaron beneficiados individuos ligados a actividades criminales, tales como el líder de la Mara del Barrio 18, El Lobo, ex Adías Ramos, y el exalcalde procesado por narcotráfico Gustavo Herrera.
Indicó que “eliminó la condena del exdictador Ríos Montt y de premio fue candidato vicepresidencial de su hija, Zury Ríos”, al igual que se desempeñó como notario de Herrera en el caso Fénix.
Para Pérez, “Evitar la continuidad de Molina Barreto en la Corte es una responsabilidad con la historia”, y sostuvo que el bloque oficialista y sus aliados trabajan para impedir esa permanencia. Añadió que “de los votos en el Congreso que todavía logre tener Roberto Molina Barreto, ni uno solo va a ser nuestro” y que harán todo lo posible para evitar esa designación.
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