La continuidad de Consuelo Porras Argueta como fiscal general de Guatemala quedó habilitada este martes luego de que la comisión responsable del proceso electoral aprobó su candidatura para el periodo 2026-2030, pese a las sanciones por corrupción impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque estas sanciones reducen significativamente las probabilidades de que sea nombrada en el puesto por el presidente Bernardo Arévalo de León, quien tomará la decisión definitiva, según informó la agencia de noticias española EFE.
Como parte del proceso de selección, la comisión depuró la lista de aspirantes en una primera ronda y desestimó a al menos 5 abogados que no presentaron la documentación exigida. De un total de 59 postulantes, Porras Argueta fue avalada este martes y sigue en carrera. Tanto especialistas de organismos independientes como el propio Arévalo de León sostienen que la actual fiscal general no será ratificada. Solo integrará la nómina final si la comisión así lo dispone.
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Seis nombres decidirán el futuro del Ministerio Público
En abril, la comisión elevará una lista de 6 candidatos al presidente guatemalteco, quien elegirá al próximo fiscal general. En la nómina hay figuras cercanas a la actual gestión, como el ministro de Gobernación Marco Villeda y el procurador general de la nación Julio Saavedra, ambos aliados de Arévalo de León. Las organizaciones civiles consideran que la designación del nuevo jefe del Ministerio Público será determinante en la lucha contra la corrupción en el país.
EE.UU. y la Unión Europea ponen el foco internacional en el proceso
La presencia de Consuelo Porras Argueta en la lista adquiere notoriedad internacional debido a que, en los últimos años, Estados Unidos incluyó su nombre en la lista Engel bajo el cargo de corrupción y socavamiento de procesos democráticos, mientras que la Unión Europea le impuso sanciones similares. Los señalamientos contra Porras Argueta por intentar revertir los resultados electorales que le dieron el triunfo a Arévalo de León en 2023 acentuaron las tensiones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo.
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La comisión encargada de la elección del fiscal general comparte integrantes con la que evaluó candidatos para el Tribunal Supremo Electoral, incluidos decanos de universidades públicas y privadas.
El procedimiento anterior generó denuncias de Estados Unidos sobre posibles vínculos de algunos postulantes con narcotráfico o crimen organizado en el listado presentado al Congreso. Algunos analistas prevén que la lista de 6 aspirantes podría contener profesionales contrarios a políticas de transparencia.
El margen de maniobra del presidente Arévalo de León
En el inicio de su mandato, en enero de 2024, Arévalo de León manifestó su intención de encontrar alternativas legales para remover a Porras Argueta. Más tarde, reconoció que la normativa vigente no le concede atribuciones para destituir a la fiscal general. Al cierre de la primera ronda, la situación de la fiscal general permanece en suspenso, mientras la comisión prosigue con la depuración de aspirantes a la máxima jefatura del Ministerio Público.
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