El encargado de negocios John Barrett y la Junta Directiva de AGEXPORT Guatemala enfatizaron la necesidad de que Estados Unidos y Guatemala adopten la mezcla de etanol, considerándola “perfectamente segura para todos los vehículos” y fundamental para fortalecer la economía guatemalteca y avanzar hacia un régimen de cero aranceles.
Durante el encuentro, también se destacó el papel clave que desempeña el etanol como parte del acuerdo de comercio recíproco, al tiempo que se subrayó su potencial para impulsar el comercio bilateral entre ambas naciones.
La conversación entre Barrett y la directiva de AGEXPORT Guatemala abordó los efectos positivos del comercio exterior y reafirmó la relevancia de implementar esta medida para reforzar los lazos económicos.
El gobierno exigirá 10 % de alcohol en toda la gasolina a partir de junio
A partir de junio de 2026, Guatemala exigirá que toda la gasolina cuente con una mezcla mínima de 10 % de alcohol carburante, una transformación que, además de buscar beneficios ambientales y sanitarios, impactará de forma directa en los costos familiares y la estructura del sector energético. El cambio normativo, regulado por el Acuerdo Gubernativo Número 257-2025, llega en un contexto de alta concentración empresarial y con advertencias sobre el desempeño de los motores existentes en el país.
Las previsiones económicas ya anticipan incrementos en los gastos de los hogares. Carlos Barreda, diputado del Parlamento Centroamericano y exviceministro de Finanzas Públicas, calculó que quienes hoy destinan dos mil quetzales al mes en gasolina en Guatemala podrían ver esa cifra crecer hasta 2.200 quetzales. Barreda explicó: “Lo que recorría con un galón, tal vez ahora lo tendrá que hacer con un galón y medio”. Esta advertencia se suma a la inquietud sobre cómo absorberán los hogares la merma en el rendimiento del combustible provocado por la obligación de mezclarlo con alcohol carburante.
Transformación normativa y transición industrial
El Ejecutivo afirma haber consultado a todos los actores involucrados para diseñar una transición que cumpla con la ley y respete estándares de seguridad ambiental e industrial, según la Dirección General de Hidrocarburos. Con menos de dos años hasta su entrada en vigor, toda la cadena de producción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos debe adaptarse, bajo la vigilancia establecida en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos (Decreto número 109-97) y el Acuerdo Gubernativo Número 522-99.
La nueva regulación responde a estudios que vinculan la reducción de contaminantes vehiculares a una baja en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares en zonas urbanas. El objetivo central declarado por autoridades es elevar la calidad del aire y reducir los riesgos sanitarios derivados de la polución urbana.
Concentración empresarial y riesgos para el consumidor
El mercado energético guatemalteco muestra una fuerte concentración en la producción y comercialización tanto de etanol como de combustibles fósiles. De acuerdo con cálculos de Barreda y datos del Ministerio de Energía y Minas, el ingenio Pantaleón domina el 75 % de la producción nacional de etanol, generando 28 millones de galones de los 37 millones producidos. Por el lado de la importación de combustibles, una sola empresa concentra el 60 % del volumen y se perfila como principal compradora de etanol importado, principalmente proveniente de Estados Unidos.
Barreda advirtió que estos volúmenes movilizan 1.500 millones de quetzales anuales, lo que coloca el negocio en manos de un grupo empresarial reducido. Según su análisis, la falta de regulación efectiva puede favorecer prácticas monopolísticas y presión sobre los precios, con consecuencias para la competencia y el bolsillo del consumidor.
Balance entre beneficio ambiental y carga económica
Si bien la migración hacia un combustible menos contaminante es vista como una ganancia para el ambiente y la salud colectiva, Barreda insistió en que la dimensión más visible y tangible será el incremento en el gasto de las familias guatemaltecas bajo la nueva regulación. La tensión entre los objetivos ambientales y los efectos económicos domina el debate en la antesala de la transformación que se avecina en el mercado de combustibles del país.
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