Los cambios en el presupuesto aprobados por el Congreso de Guatemala reducirán el déficit fiscal y respaldarán servicios esenciales

El Congreso de la República avaló modificaciones clave al presupuesto nacional, cuyo principal objetivo es reducir el déficit fiscal previsto y restituir metas de recaudación tributaria, de acuerdo con declaraciones del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.

Con la aprobación de estos cambios, el déficit baja de 3.5 % del PIB a 3.3 % del PIB para el ejercicio fiscal 2026, y se mantiene la perspectiva de fortalecer la inversión pública, especialmente en infraestructura.

En la fase final del debate parlamentario, se acordó conservar el presupuesto extraordinario destinado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), por un monto de Q6,312.1 millones, dirigido principalmente a obras relacionadas con sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento.

Esta decisión responde a la idea de reforzar la infraestructura básica en el país y ampliar la cobertura de servicios esenciales.

El documento aprobado restituye la meta de recaudación tributaria fijada para 2026, que se ubica en Q119,762.8 millones. Asimismo, ajusta las asignaciones constitucionales y de leyes ordinarias dentro del marco del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

En materia de financiamiento, se disminuye en Q1,500 millones la necesidad de emitir Bonos del Tesoro, utilizando en su lugar recursos provenientes de caja, con el fin de limitar el endeudamiento estatal. Además, se amplían los márgenes presupuestarios para ingresos derivados de contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad e ingresos no tributarios.

El texto incorpora normas de transparencia orientadas a la fiscalización de recursos destinados a proyectos como la construcción de la cárcel de máxima seguridad y la tarifa social, y a partidas específicas para obras de infraestructura económica y social.

Se aseguran igualmente fondos para el pago puntual y completo de pensiones de las Clases Pasivas Civiles del Estado y para el subsidio de energía eléctrica.

En cuanto al gasto, se reincorporan los techos o límites presupuestarios aprobados para cada entidad conforme al Decreto 27-2025, a excepción del Ministerio de Gobernación (Mingob), que recibe una ampliación de Q694 millones.

Estos recursos adicionales se asignan para el equipamiento táctico de lucha contra pandillas, mantenimiento de vehículos para la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, mejora del sistema de circuito cerrado (cctv) en los centros de detención y provisión de bonos de alimentación.

El presupuesto habilito fondos para inversiones estratégicas como el desarrollo del Corredor CA-9 Norte, el Programa de Infraestructura Rural, el Programa de Electrificación Rural y el Programa de Finanzas Inteligentes.

Al mismo tiempo, se restablecen los espacios presupuestarios necesarios para ejecutar préstamos aprobados en noviembre del año anterior, garantizando la continuidad de iniciativas de desarrollo ya comprometidas.

El ministro Jhonatan Menkos resaltó que estos ajustes buscan asegurar el cumplimiento con las normas legales y alinear los recursos a los objetivos de desarrollo, sosteniendo que el paquete aprobado robustece tanto la transparencia como la capacidad operativa del Estado.

El Congreso de la República aprobó mediante el Decreto 3-2026, la ampliación del Presupuesto General del Estado por Q9.326,7 millones, aumentando el total a Q164.163,32 millones que se utilizarán durante el ejercicio fiscal 2026.

La redistribución de recursos avalada por el Legislativo asigna el 72% de la ampliación a cinco rubros principales: el Ministerio de Gobernación (Q1 mil 481 millones), Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), Ministerio de Salud (Q1 mil 337 millones), Ministerio de Desarrollo Social (Q1 mil 320 millones) y servicio de la deuda pública (Q1 mil 206 millones).

En total, estos destinos suman Q6 mil 718 millones. El resto se desglosa entre proyectos y partidas de menor volumen, cuya finalidad es abarcar un espectro más amplio de necesidades estatales.