El informe más reciente de Human Rights Watch ha puesto en primer plano una realidad persistente en Guatemala: la discriminación estructural y la persecución judicial afectan de manera profunda a los pueblos indígenas y a defensores de derechos humanos.

La organización internacional documentó que, solo en 2024, 28 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, alcanzando una cifra que no se veía desde 2017. Además, el clima de hostilidad ha obligado al exilio a al menos 19 periodistas, mientras que otros 23 han perdido la vida desde 2015.

El informe subraya que aproximadamente el 40 % de la población guatemalteca es indígena y que estos grupos continúan enfrentando “altos niveles de pobreza, desigualdad y discriminación estructural” que, según la organización, permanecen arraigados desde hace décadas.

Las dificultades no se limitan a la discriminación social o económica. Human Rights Watch advierte sobre “procedimientos judiciales espurios” dirigidos por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El documento sostiene que tales acciones han “degradado el Estado de Derecho y los derechos humanos” en el país.

Entre los casos más notorios, aparecen los de los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, encarcelados el año pasado, así como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022. El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo también figura entre quienes han sido considerados “presos políticos” por diversas organizaciones locales e internacionales, y cuyos procesos judiciales permanecen estancados.

Las irregularidades en el sistema judicial no se detienen ahí. El informe señala que tanto el abogado Ramón Cadena como el estudiante édmar Arriola han sido objeto de acusaciones judiciales cuestionables.

En este escenario, Human Rights Watch destaca la inminente elección de un nuevo fiscal general. Este año, el presidente Bernardo Arévalo de León deberá nombrar al sustituto de Consuelo Porras, quien ocupa el cargo desde 2018.

El informe, presentado este miércoles, abarca más de 100 países y detalla cómo la situación en Guatemala sigue siendo motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos.

HWR: Ortega profundizó su autoritarismo en Nicaragua

La HWR también analizó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y concluyó que este ha reforzado su concentración de poder en Nicaragua a través de reformas constitucionales que fortalecen el control del Ejecutivo y facilitan la represión de la disidencia política.

De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW) divulgado este miércoles, estas medidas han impulsado un sistema más autoritario, con consecuencias que van desde la criminalización de opositores hasta la eliminación de derechos fundamentales, incluso para sectores tradicionalmente aliados al oficialismo.

El documento detalla que, tras la aprobación de la nueva Constitución, el gobierno nicaragüense cuenta con mecanismos legales para retirar la nacionalidad a quienes considera culpables de “traición”.

HRW puntualizó que esta medida ha afectado a al menos 452 nicaragüenses, quienes han sido despojados de su nacionalidad y han visto confiscados sus bienes.

Además, la persecución se ha extendido más allá de las fronteras del país: los expertos citados por HRW y la ONU advierten que numerosos críticos en el exilio han sufrido acoso, amenazas e incluso ataques violentos.

Desde 2018, al menos siete opositores en el extranjero han sido víctimas de asesinatos o agresiones, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.

La represión ha escalado también en el ámbito religioso y de la prensa. Más de 200 miembros del clero católico han sido obligados a exiliarse, deportados o se les ha prohibido el ingreso al país desde 2022, y entre 2018 y mediados de 2025, 293 periodistas huyeron de Nicaragua, constituyendo la segunda cifra más alta en la región, según el informe de HRW.

HRW recuerda que Daniel Ortega ocupa la presidencia desde 2007, luego de que una enmienda constitucional avalada en 2014 suprimiera los límites al mandato presidencial. Desde 2018, Nicaragua ha negado la entrada a cualquier organismo internacional de vigilancia de derechos humanos, perpetuando así el aislamiento frente a la supervisión multilateral.