Presidente de Panamá ordena suspender de inmediato la venta de electricidad a Costa Rica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este jueves la suspensión inmediata e indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, una decisión vinculada a las declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández en medio del conflicto comercial por productos agropecuarios.

Esta medida cobra peso porque el país vecino se prepara para un 2026 atravesado por los efectos de El Niño, con riesgo de sequías y racionamientos eléctricos.

La decisión se conoció horas después de que Fernández anunciara que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para intentar levantar el bloqueo panameño a productos costarricenses. El choque bilateral ya había llegado a la Organización Mundial de Comercio, donde un panel falló a favor de Costa Rica en 2024, aunque Panamá apeló esa decisión en enero de 2025.

Mulino explicó en su conferencia semanal que Costa Rica solicitó un mayor acceso a la energía panameña “producto de sus propias necesidades”. Según indicó, ya instruyó al ministro Julio Moltó para comunicar al Instituto Costarricense de Electricidad que “por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.

La suspensión de electricidad se sumó a una disputa comercial que sigue abierta en la OMC

El mandatario panameño argumentó que la decisión responde al principio de “reciprocidad” en la relación bilateral. “Yo creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad, y créamelo que esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar a la relación con Costa Rica”, afirmó Mulino.

También criticó la manera en que Fernández llevó el reclamo a la esfera pública. “Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia, eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, dijo.

Mulino detalló que autoridades panameñas y costarricenses ya habían sostenido reuniones para tratar los planes de venta de energía, aunque no brindó detalles sobre esos contactos. Agregó estar “sorprendido” por la reacción del gobierno de Costa Rica.

El trasfondo comercial de la disputa se remonta a 2019 y 2020. Las restricciones panameñas afectan frutas y productos bovinos costarricenses, incluidos lácteos, carne y embutidos. Asimismo, banano, plátano, pollo, cerdo, fresas y piña.

Una de las quejas más precisas del reclamo costarricense es que Panamá mantiene bloqueadas 26 plantas exportadoras. Estas restricciones han sido justificadas por razones de seguridad sanitaria.

Laura Fernández pidió acciones internacionales por pérdidas de “muchos millones”

Laura Fernández, que asumió el cargo el 8 de mayo, ordenó al canciller Manuel Tovar poner en marcha “una estrategia bilateral” y conformar una mesa de trabajo que “tiene que dar resultados”. Pidió públicamente iniciar acciones internacionales contra Panamá por el cierre a productos costarricenses.

La presidenta subrayó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de su país y definió la resolución de la disputa como una prioridad para su administración. En uno de sus pronunciamientos más severos, afirmó: “No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla... Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”.

Mulino aseguró que su prioridad es “proteger a los panameños” y responsabilizó también a Costa Rica de mantener bloqueadas durante más de 10 años a “un sinnúmero” de empresas de Panamá. Enfatizó que “la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto”.