La Embajada de Estados Unidos en Guatemala pidió aprobar la iniciativa de ley 6593 contra el lavado de dinero con estándares del GAFI, en medio de una negociación en el Congreso guatemalteco que busca evitar sanciones internacionales y, según el mensaje diplomático, cerrar el paso a narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a comunidades de ambos países. La sede diplomática sostuvo en un posteo que la aprobación de la norma promoverá la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y Guatemala.
El nuevo punto de inflexión llegó el 18 de mayo, cuando la junta directiva del Congreso, la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía y representantes de la Superintendencia de Bancos analizaron en una sesión privada ocho enmiendas nuevas y al menos cinco propuestas de modificación al texto final de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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El presidente del Congreso Luis Contreras planteó la necesidad de alcanzar un consenso definitivo para que la siguiente sesión, convocada para el lunes posterior a esa reunión, cierre el debate y permita aprobar la normativa dentro de los plazos previstos.
El Congreso intenta ajustar la ley para evitar la lista gris de Gafilat
Los diputados reportaron avances en la mayor parte de las propuestas, sobre todo en los cambios dirigidos a aclarar la redacción y a adaptar la legislación a recomendaciones internacionales. El objetivo de ese ajuste es evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat.
El diputado Inés Castillo de la Unidad Nacional de la Esperanza dijo que las modificaciones responden a observaciones técnicas y a la necesidad de conciliar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales. “Hicimos una discusión con altura y pudimos avanzar en los razonamientos que tienen los distintos partidos políticos”, afirmó.
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La publicación de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala reforzó esa presión externa con un mensaje directo sobre el contenido de la ley. La sede diplomática instó a que la norma cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y ayude a cerrar la puerta a narcotraficantes y criminales.
La disputa central está en el artículo 8 y en la definición de personas expuestas políticamente
La principal controversia se concentra en una enmienda al artículo 8 sobre la administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Ese apartado establece que las personas obligadas deben aplicar disposiciones preventivas mediante una gestión basada en riesgos, con identificación, evaluación y mitigación de la exposición.
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El personal técnico de la Superintendencia de Bancos objetó la redacción del literal O de ese artículo y advirtió que su falta de precisión puede comprometer la viabilidad general de la ley. El diputado Allan Rodríguez de la bancada VOS dijo al medio Infobae que ese es el único punto observado negativamente por la SIB: “Es un literal de uno de los artículos, los demás los encontraron viables. La Superintendencia argumentó con sus motivos; por eso necesitamos analizarlo más a fondo”.
Otro eje de discusión fue el alcance de la categoría de personas políticamente expuestas, conocidas como PEPs. El presidente de la Comisión de Finanzas Héctor Julio Estrada de la bancada Cabal explicó que el debate oscila entre limitar el vínculo familiar al primer grado de consanguinidad, como padres, hijos, cónyuges y convivientes, o ampliar la definición para seguir o adaptar los estándares internacionales del GAFI.
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Estrada resumió el dilema en esos términos: “La discusión es qué permite cumplir con el estándar GAFI sin afectar injustamente a toda la familia de una persona expuesta políticamente. Pedimos a la GAFI que fundamente ese estándar”.
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