El Congreso de la República aprobó en la madrugada del miércoles, mediante el Decreto 3-2026, la ampliación del Presupuesto General del Estado por Q9.326,7 millones, aumentando el total a Q164.163,32 millones que se utilizarán durante el ejercicio fiscal 2026.
Durante la discusión, surgieron cuestionamientos desde la oposición sobre los riesgos asociados al incremento, especialmente respecto al manejo de los recursos públicos. El diputado Mynor de la Rosa Palacios centró sus reparos en el artículo 32 de la propuesta, planteando inquietudes sobre la transparencia y la eficacia de los mecanismos de control en el gasto.
En tanto, la diputada Sonia Raguex planteó objeciones sobre la asignación de 52 millones asignados para la organización de La Asamblea de Gobernadores del BCIE que se realizará el próximo en la ciudad de Guatemala, aunque respaldó la propuesta con su voto.
La aprobación fue impulsada por una moción privilegiada respaldada por 127 diputados, que permitió calificar el tema como de urgencia nacional. Por otra parte, se avaló con 96 votos un fondo de revisión, iniciativa presentada por el diputado Julio Héctor Estrada y otros congresistas, con el objetivo de ajustar los montos previstos para los municipios de Guatemala y Sololá.
En el mismo pleno, una propuesta de enmienda que buscaba blindar recursos para los salubristas pasó a revisión de fondo, pero no logró el apoyo necesario y fue rechazada con 85 votos en contra, 47 a favor y 27 ausentes.
El legislador oficialista José Carlos Sanabria defendió la ampliación presupuestaria al enfatizar que los fondos adicionales permitirán al Estado cumplir compromisos y fortalecer la ejecución de los programas planificados.
Al interior del proyecto, uno de los ejes es la dotación extraordinaria de Q694 millones al Ministerio de Gobernación, recurso dirigido a fortalecer la seguridad pública. Este incremento financiaría la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la adquisición de tecnología avanzada para la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, el Centro Antipandillas Transnacional y otras dependencias especializadas.
En el ámbito de la inversión, el presupuesto contempla Q600 millones para modernizar el Sistema Metropolitano de Transporte y actualizar tanto puertos como la red ferroviaria nacional, además de mejoras en aeropuertos. Se incluyen también fondos para el desarrollo del Corredor CA-9 Norte, el Programa de Infraestructura Rural y la Electrificación Rural. Estas partidas buscan elevar la calidad de los servicios y las oportunidades en áreas históricamente postergadas, según la información oficial.
La redistribución de recursos asigna el 72% de la ampliación a cinco rubros principales: el Ministerio de Gobernación (Q1 mil 481 millones), Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), Ministerio de Salud (Q1 mil 337 millones), Ministerio de Desarrollo Social (Q1 mil 320 millones) y servicio de la deuda pública (Q1 mil 206 millones).
En total, estos destinos suman Q6 mil 718 millones. El resto se desglosa entre proyectos y partidas de menor volumen, cuya finalidad es abarcar un espectro más amplio de necesidades estatales.
Las Clases Pasivas del Estado están entre las prioridades del Ejecutivo, que vela por garantizar los pagos de pensiones y mantener el subsidio de energía eléctrica. Además, se prevén Q6 mil 312,1 millones en partidas extraordinarias para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), destinados a infraestructura de agua potable, saneamiento y gestión de desechos sólidos, iniciativas orientadas a mejorar la vida en zonas rurales.
Salvo el aumento contemplado para el Ministerio de Gobernación y ciertas excepciones, la propuesta mantiene los techos presupuestarios previamente definidos. El Ministerio de Finanzas anticipó también que la propuesta incluye actualizaciones normativas diseñadas para fortalecer la planificación, ejecución, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
En tanto, diputados en el Congreso de la República, en declaraciones a diferentes medios de comunicación locales, han manifestado que analizaran el contenido de la modificación presupuestaria presentada.
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