Las acciones coordinadas de violencia perpetradas el sábado por integrantes de la mara 18 en las cárceles Renovación I, Fraijanes II y el centro preventivo de zona 18 provocaron una ola de reacciones en Guatemala, donde distintos sectores califican el episodio como un hecho sin precedentes.
La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos en relación a los hechos violentos ocurridos este fin de semana.
“Hay informes de violencia y ataques armados contra la policía en toda la ciudad de Guatemala. Se ha ordenado al personal de la embajada de los Estados Unidos que se refugie en el lugar. Se ha programado una conferencia de prensa guatemalteca para proporcionar detalles adicionales. Siga las noticias locales para obtener más información”, dice el comunicado subido en la página de la embajada.
Entre las medidas que dicta la sede diplomática están:
- Estar atento a las actualizaciones de los medios de comunicación locales.
- Evitar las multitudes y las manifestaciones.
- Mantener un perfil bajo.
- Notificar a sus amigos y familiares que se encuentra bien.
- Estar atento a su entorno.
- Revisar sus planes de seguridad personal.
- Minimizar los desplazamientos innecesarios.
Cúpula empresarial también se pronuncia
La cúpula empresarial de Guatemala manifestó su rechazo a los recientes ataques criminales que han dejado víctimas entre agentes penitenciarios y de la Policía Nacional Civil.
La organización expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de los funcionarios fallecidos, subrayando la urgencia de que estos delitos sean investigados para que los responsables reciban todo el peso de la ley.
El comunicado subraya la importancia de que los actos violentos en centros penitenciarios y contra fuerzas de seguridad no queden impunes, ya que representan una amenaza directa a la paz social y a la institucionalidad del país.
El sector privado reiteró su respaldo a la labor de las autoridades del Ministerio de Gobernación, así como al trabajo del Ejército de Guatemala, en su esfuerzo por garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La nota destaca el reconocimiento a la labor de los agentes de seguridad y penitenciarios que, a pesar de los riesgos, mantienen su compromiso con la protección de la sociedad guatemalteca.
Las autoridades guatemaltecas confirmaron que las intervenciones se produjeron durante la mañana y resaltaron la gravedad de que tres centros penitenciarios hayan sido atacados de manera concurrente.
Las agrupaciones criminales implicadas pertenecen a la mara 18, considerada una de las más peligrosas en la región.
El caso activó alertas en varias esferas, motivando la movilización de recursos de seguridad y un llamado a establecer nuevas estrategias para evitar futuras acciones de este tipo.
El Gobierno ha desplegado operativos en varias regiones del país, mientras buscan recuperar el control de las cárceles Fraijanes I y el Centro Preventivo para varones en la zona 18, manteniéndose en estado de alerta ante posibles incidentes durante las próximas horas.
Los esfuerzos de las autoridades están enfocados en negociar para restablecer la gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios, mientras se refuerza la seguridad en el exterior y se evalúan los riesgos asociados.
El monitoreo permanente y la presencia de las fuerzas de seguridad responden a la posibilidad de que la situación se agrave si no se logra un acuerdo inmediato.
El Ministro de Gobernación Marco Villeda informó en conferencia de prensa que continúa el recuento de los daños ocasionados durante el motín en la Cárcel Renovación I.
Tras los disturbios, los reclusos permanecen en el penal luego de haber sido controlados, sin que se contemple su traslado a otro centro de detención, según precisó Villeda.
La posición del Gobierno sobre la seguridad en los centros carcelarios permanece firme, desechando cualquier negociación con grupos terroristas o la posibilidad de restituir privilegios previos a personas privadas de libertad.
En Escuintla, las acciones estratégicas persisten a través de la Operación Centinela, al tiempo que se implementan medidas adicionales para fortalecer los planes de seguridad pública.
Las autoridades reafirmaron la continuidad de estas políticas, orientadas a mantener el control penitenciario y la protección ciudadana.
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