La justicia salvadoreña ha dictado un fallo contundente contra la corrupción administrativa en un sector educativo. Alma Gómez y Patricia del Rosario Pérez, quienes ocuparon cargos de máxima confianza en el sistema escolar de Sonsonate, han sido sentenciadas a una pena de 12 años de prisión tras demostrarse su responsabilidad en la apropiación indebida de una suma que supera los USD 159,000 dólares.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un patrón sistemático de corrupción que se extendió desde el año 2018 hasta el 2021. Durante este periodo, Alma Gómez se desempeñaba como la presidenta del Consejo Directivo Escolar (CDE), mientras que Patricia del Rosario Pérez ejercía el rol de tesorera en el Complejo Educativo Estado de Israel, una de las instituciones clave en el municipio de Nahuizalco.
Como cabezas del Consejo, ambas tenían la facultad legal de administrar los recursos transferidos por el Estado salvadoreño para el mantenimiento de la infraestructura, la compra de suministros y el pago de servicios esenciales. Sin embargo, lejos de velar por el bienestar de la población estudiantil, las imputadas utilizaron sus cargos para desviar los fondos hacia fines ajenos a la educación.
El detonante del proceso judicial fue una auditoría interna realizada por el Ministerio de Educación (Mined). Al revisar las cuentas y los libros contables del complejo educativo sonsonateco, los auditores se encontraron con un vacío financiero alarmante. Un total de USD 159,133.24 simplemente no aparecían en los registros de inversión de la escuela.
Lo más grave de la situación, según los informes fiscales, es que no existía ni un solo documento, factura o recibo que respaldara legalmente el uso de ese dinero. Mientras la institución sufría carencias, el capital destinado a solventarlas era extraído de las cuentas bancarias sin que se dejara rastro de beneficio alguno para los niños y jóvenes de Nahuizalco.
“El monto destinado para la operación y funcionamiento del complejo educativo, no habían sido utilizados ni invertidos dentro de la institución, pues no contaban con ninguna documentación ni respaldo legal de su uso”, expresa la fiscalía salvadoreña en un comunicado.
Condena por peculado
El delito de peculado, tipificado en el Código Penal salvadoreño, ocurre cuando una persona se apropia de caudales públicos que tiene bajo su custodia. En este caso, las pruebas documentales y los peritajes financieros fueron irrefutables.
El tribunal determinó que Gómez y Pérez no solo fallaron en su deber ético, sino que cometieron un crimen que afecta directamente el derecho al desarrollo de la comunidad escolar.
La condena de 12 años de cárcel busca no solo castigar el hecho, sino servir como un fuerte recordatorio de que la administración de los bienes del Estado conlleva una responsabilidad penal estricta. La impunidad en los consejos escolares, a menudo vistos como entes de menor fiscalización, está llegando a su fin gracias a la vigilancia de las instituciones de control.
Hoy, con la sentencia en firme, Alma Gómez y Patricia del Rosario Pérez dejan sus cargos para enfrentar una larga estancia en un centro penitenciario, marcando un hito en la lucha contra la corrupción local.
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