Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Ecuador impulsa la negociación de un nuevo tratado bilateral de extradición con Argentina con el propósito de actualizar el marco jurídico que regula estos procesos y adaptarlo a los desafíos contemporáneos del crimen organizado. La embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar Méndez, explicó que, aunque ambos países se rigen actualmente por la Convención Interamericana sobre Extradición de 1933, la suscripción de un instrumento bilateral permitiría establecer reglas más claras, recíprocas y acordes con la práctica judicial vigente.

“La Convención Interamericana sobre Extradición, firmada en 1933, es hoy el principal instrumento que regula las extradiciones entre Ecuador y Argentina, ya que ambos países son parte de ella. Sin embargo, se trata de un acuerdo adoptado hace más de 90 años”, señaló la diplomática a Infobae. En ese contexto, precisó que la negociación de un tratado bilateral representa una oportunidad para actualizar las reglas y adaptarlas a las necesidades actuales.

De acuerdo con la embajadora, un tratado bilateral tendría aplicación preferente entre Ecuador y Argentina y permitiría establecer obligaciones claras y recíprocas, fortaleciendo la cooperación y asegurando coherencia con las leyes nacionales y los estándares internacionales vigentes. Además, buscaría incorporar mecanismos más prácticos y eficaces que contribuyan a evitar la impunidad y reforzar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Entre los aspectos sustantivos que podrían abordarse en el nuevo instrumento figura la definición de los delitos que pueden dar lugar a extradición y la proporcionalidad de las penas. La diplomática destacó la importancia de dejar claramente establecido que delitos como el terrorismo y el crimen organizado no pueden ser considerados delitos políticos, una precisión relevante si se toma en cuenta que los instrumentos multilaterales vigentes fueron suscritos hace varias décadas y no contemplan de manera expresa las nuevas modalidades delictivas vinculadas a redes criminales internacionales.

El eventual tratado permitiría también incorporar definiciones más actuales y alineadas con los esfuerzos legislativos y operativos que ambos países han desarrollado en los últimos años en materia de combate al crimen organizado. En el plano procedimental, se podrían precisar requisitos y plazos para la presentación de solicitudes, establecer reglas claras sobre prórrogas y notificaciones, y determinar tiempos para la entrega de la persona requerida.

Salazar indicó que incluso podrían contemplarse mecanismos de extradición simplificada cuando exista consentimiento del solicitado, lo que contribuiría a agilizar los procesos. Este elemento resulta relevante en casos en los que el transcurso del tiempo puede afectar el juzgamiento de determinados delitos, especialmente aquellos sujetos a prescripción. Asimismo, el tratado podría afinar los procedimientos relacionados con la detención preventiva y la entrega temporal de personas en el marco de la cooperación judicial internacional.

En cuanto a los casos actualmente en trámite entre Ecuador y Argentina, la embajadora explicó que algunos se encuentran en fase de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por ello, están sujetos a la normativa interna y a la práctica judicial de ese país. En respeto a los principios de soberanía, independencia de poderes y no injerencia en la justicia, corresponde observar y respetar los tiempos de la justicia argentina.

La diplomática aclaró que un tratado bilateral no puede determinar los plazos de actuación del poder judicial argentino ni incidir en decisiones jurisdiccionales específicas. Sin embargo, puede constituir una base sólida para fortalecer la cooperación entre ambos Estados y promover una mayor coordinación institucional que facilite la resolución oportuna de los pedidos de extradición y de los recursos interpuestos.

La actualización del marco jurídico se inscribe en una estrategia más amplia de cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambos países, en un contexto regional marcado por la expansión de redes de delincuencia organizada y por la necesidad de mecanismos ágiles de asistencia judicial recíproca. En ese escenario, Ecuador busca dotarse de herramientas bilaterales que complementen los instrumentos multilaterales existentes y que reflejen la evolución normativa y operativa de las últimas décadas.

La eventual negociación de un nuevo tratado dependerá de la voluntad política y técnica de ambos gobiernos, así como de los procesos de aprobación interna que cada país deba cumplir. Mientras tanto, los pedidos de extradición en curso continúan su trámite bajo el marco jurídico vigente y conforme a los procedimientos establecidos por la justicia argentina.