El inicio del proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala ha quedado oficialmente marcado tras la aprobación, por parte del Congreso de la República, del Acuerdo Legislativo 1-2026. La nueva gestión comenzará en mayo, justo cuando termina el mandato de Consuelo Porras, una figura que ha sido foco de cuestionamientos. El presidente Bernardo Arévalo asumirá la responsabilidad de seleccionar al profesional que dirigirá una de las instituciones clave para la justicia del país durante los próximos cuatro años, convertido así en el observador principal de un proceso que los diputados han instado a desarrollar bajo total transparencia.
Una de las disposiciones centrales, establecida por la Constitución Política de la República de Guatemala, indica que la Comisión de Postulación se debe conformar de manera específica: la integran el presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, quien ejercerá además la presidencia, junto al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el presidente del Tribunal de Honor del CANG y los decanos de las facultades de derecho de las universidades nacionales. Esta comisión es la encargada de evaluar y ordenar los expedientes de los aspirantes, para, tras su valoración, presentar al mandatario una nómina compuesta por cinco profesionales.
De acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, el proceso de evaluación y selección debe realizarse bajo criterios regulados con puntualidad. El listado de candidatos debe ser entregado al presidente a más tardar 15 días antes de la finalización del mandato de Porras, la actual jefa del Ministerio Público. Los congresistas, al aprobar la convocatoria, enfatizaron la necesidad de que la elección ocurra con legitimidad institucional y efectividad, aludiendo a la importancia de “fortalecer la institución” y exhortando a la ciudadanía a sumarse como observadora del proceso.
El cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público conlleva, según la ley, el ejercicio de la acción penal y la persecución penal en todo el país, así como una duración de cuatro años con posibilidad de reelección, y equipara sus inmunidades y preeminencias a las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por disposición constitucional, el presidente de la República posee la facultad de removerlo en caso de causa justificada debidamente fundada.
La atribución de elegir a la nueva autoridad, cuyo período será de 2026 a 2030, ha quedado en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien recibirá el listado final tras la evaluación y ponderación de los expedientes por la Comisión de Postulación.
Últimas Noticias
La Asociación Bancaria Costarricense pide a candidatos presidenciales reformas para impulsar el crecimiento y el empleo
Expertos consideran que temáticas deben de tomar prioridad en la agenda económica de la administración 2026 - 2030
El gobierno de El Salvador incauta 375 kilos de droga en operativo reciente
Un operativo permitió localizar una importante cantidad de droga y la investigación continúa bajo el seguimiento de los organismos de seguridad, que han enfatizado la persistencia de los patrullajes en diversas zonas del país
Trabajos de reubicación e instalación de tubería continúan hoy en el puerto de La Libertad
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ejecutará labores en el kilómetro 33 de la carretera al puerto de La Libertad.
Un aumento en la mortalidad de gatos alarma a clínicas veterinarias y refugios en San Salvador
Las autoridades han confirmado que un virus transmitido principalmente por contacto con excretas causó aumentos significativos en los casos atendidos
Presunto esquema fraudulento en pensiones sacude a la Caja del Seguro Social de Panamá
La CSS presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una presunta red irregular en pensiones. La entidad reportó 52 casos documentados, una lesión estimada de hasta $10 millones.
