El inicio del proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala ha quedado oficialmente marcado tras la aprobación, por parte del Congreso de la República, del Acuerdo Legislativo 1-2026. La nueva gestión comenzará en mayo, justo cuando termina el mandato de Consuelo Porras, una figura que ha sido foco de cuestionamientos. El presidente Bernardo Arévalo asumirá la responsabilidad de seleccionar al profesional que dirigirá una de las instituciones clave para la justicia del país durante los próximos cuatro años, convertido así en el observador principal de un proceso que los diputados han instado a desarrollar bajo total transparencia.
Una de las disposiciones centrales, establecida por la Constitución Política de la República de Guatemala, indica que la Comisión de Postulación se debe conformar de manera específica: la integran el presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, quien ejercerá además la presidencia, junto al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el presidente del Tribunal de Honor del CANG y los decanos de las facultades de derecho de las universidades nacionales. Esta comisión es la encargada de evaluar y ordenar los expedientes de los aspirantes, para, tras su valoración, presentar al mandatario una nómina compuesta por cinco profesionales.
De acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, el proceso de evaluación y selección debe realizarse bajo criterios regulados con puntualidad. El listado de candidatos debe ser entregado al presidente a más tardar 15 días antes de la finalización del mandato de Porras, la actual jefa del Ministerio Público. Los congresistas, al aprobar la convocatoria, enfatizaron la necesidad de que la elección ocurra con legitimidad institucional y efectividad, aludiendo a la importancia de “fortalecer la institución” y exhortando a la ciudadanía a sumarse como observadora del proceso.
El cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público conlleva, según la ley, el ejercicio de la acción penal y la persecución penal en todo el país, así como una duración de cuatro años con posibilidad de reelección, y equipara sus inmunidades y preeminencias a las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por disposición constitucional, el presidente de la República posee la facultad de removerlo en caso de causa justificada debidamente fundada.
La atribución de elegir a la nueva autoridad, cuyo período será de 2026 a 2030, ha quedado en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien recibirá el listado final tras la evaluación y ponderación de los expedientes por la Comisión de Postulación.
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