
La Asamblea Legislativa de Bolivia analiza un proyecto de ley para validar la circulación de los billetes que fueron robados tras el accidente del avión militar, un Lockheed Hércules C-130, el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.
La aeronave llevaba más de 17 millones de nuevos billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B que estaban destinados al Banco Central. El presidente de esa institución, David Espinoza, informó que el monto total era de 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares). De esa cantidad, las autoridades estiman que el 30% fue sustraído por personas que se acercaron al lugar del siniestro a recoger los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros. El resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.
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En medio de contradicciones entre ministros y autoridades financieras, finalmente el Gobierno determinó invalidar los billetes que fueron robados mediante la publicación de la serie y numeración de las piezas, para lo cual habilitó una aplicación digital en la que los usuarios pueden verificar si un billete es válido o pertenece al lote robado tras el accidente.
La medida generó rechazo entre algunos sectores, como comerciantes o el transporte público de La Paz, que se niega a recibir pagos en billete ante la imposibilidad de verificar su validez mientras se realiza el recorrido. Por otro lado, en los días posteriores al accidente, se registraron filas en el Banco Central de personas que buscaban cambiar billetes en monedas u otros cortes, alegando que algunos comercios se negaban a recibir el dinero.
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“Esto es una calamidad pública para millones de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con el hurto y robo de una pequeña cantidad de billetes, comparada con la inmensa masa monetaria de la serie B”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, que impulsa el proyecto de ley para autorizar el uso de las piezas sustraídas.
El diputado aclaró que declarar el curso legal de toda la serie B no implica legitimar el robo de los billetes ni libera de responsabilidad penal y civil por la comisión de estos delitos a los implicados en el hurto. La semana pasada se detuvo a 19 personas de manera preventiva mientras se investiga el robo de los billetes.
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Ante esta iniciativa, el Gobierno ha manifestado que no puede “legalizar el robo” de billetes. “Si alguien roba alguna cosa y el Gobierno legaliza la venta de lo robado, estamos incumpliendo no solamente las leyes sino también un principio básico que es evitar que aquel que comete un delito tenga la vida fácil”, manifestó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en una conferencia de prensa este lunes.
“Esos billetes no tienen curso legal ni la validez para poder circular”, remarcó el ministro. Sin embargo, dijo que “la Asamblea es libre de hacer eso (validar los billetes), pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, afirmó.
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En medio de este debate, el vicepresidente Edmand Lara sugirió la renuncia del presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, por la manera en la que se abordó el hurto del dinero. “Si no tiene la capacidad, renuncie y que designen a una persona con capacidad para darle solución a este problema a la brevedad posible”, manifestó el vicepresidente en una rueda de prensa este lunes, cuando se cumplieron diez días del accidente.
El avión Lockheed C-130 Hércules llevaba un lote de billetes nuevos de la serie B que fueron contratados por el Estado boliviano en 2025. Según información preliminar, el accidente se produjo durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, debido a factores meteorológicos adversos y la condición de la pista en ese momento.
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Según se ve en videos de cámaras de seguridad, la aeronave se salió de la pista, rompió la valla del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida. El accidente provocó la muerte de 22 personas y al menos 40 resultaron heridas, según el informe del Ministerio de Salud.
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