La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una reforma que modifica la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), con el respaldo de 57 votos a favor durante sesión plenaria número 101.
En términos generales, el cambio legal redefine los criterios para considerar a una empresa como micro o pequeña, introduce nuevos mecanismos para agilizar pagos estatales y facilita el acceso al crédito formal, todo con el objetivo de reducir la burocracia y potenciar el principal motor económico del país.
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Según cifras proporcionadas por Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el sector representan el 99.6 % del total de empresas salvadoreñas y suponen el 89.5 % de los patronos formales. Este dato sitúa al sector MYPE como columna vertebral de la economía local, superando con creces la relevancia relativa de este segmento en la mayoría de países de la región latinoamericana.
La nueva legislación cambia el mapa del emprendimiento en El Salvador. Por primera vez, la ley segmenta a las microempresas en tres niveles: subsistencia, con ingresos de hasta 57 salarios mensuales anuales y máximo dos empleados; acumulación, hasta 300 salarios mensuales y entre tres y cuatro empleados; y expansión, hasta 500 salarios mensuales y hasta 10 trabajadores.
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De esta forma, la administración pública busca afinar las políticas de ayuda estatal y que la normativa deje de penalizar con exigencias homogéneas a negocios de tamaños y capacidades radicalmente diferentes.
Impacto inmediato en el sector
La reforma incorpora el llamado Pago Oportuno, con el que Estado y entidades públicas se comprometen a cancelar bienes y servicios ofrecidos por MYPE en un plazo máximo de 30 días. Si no cumplen este período, deberán abonar intereses a la empresa afectada. Este mecanismo apunta a resolver una demanda recurrente de miles de microempresarios, para quienes el retraso en los cobros puede derivar en el cierre definitivo de su actividad.
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El nuevo principio de proporcionalidad obliga a ajustar trámites y costos según el tamaño de la empresa. Entre las medidas más relevantes destacan la simplificación de procedimientos y la reducción de requisitos para permisos y auditorías, lo que elimina barreras de entrada especialmente gravosas para los negocios familiares y comerciantes de barrio.
Acceso al crédito y banca: una nueva obligación estatal y privada
La legislación aprobada responde a una de las principales restricciones históricas para el crecimiento del sector: la exclusión financiera. Según CONAMYPE, la banca tradicional ha etiquetado a las MYPE como clientes de “alto riesgo” y exigido garantías hipotecarias inalcanzables, restringiendo el crédito productivo. La reforma obliga a instituciones financieras y banca pública a crear productos destinados específicamente para este grupo.
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La ley contempla sistemas de garantías y fideicomisos, donde el Estado asume parte del riesgo crediticio. Además, se instaura la posibilidad de ofrecer capital de riesgo y arrendamiento financiero, permitiendo a los empresarios adquirir maquinaria sin necesidad de descapitalizarse. Las entidades deberán flexibilizar sus requisitos y aceptar garantías solidarias según el historial operativo de la micro o pequeña empresa, en lugar de imponer escrituras de propiedad como única garantía válida.
“Territorialidad” y participación: organización local con voz vinculante
Una de las innovaciones en el ecosistema productivo local es la implantación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, coordinado por CONAMYPE y de carácter territorial. Los 44 municipios del país crearán Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios donde autoridades, empresarios y organizaciones civiles diseñarán proyectos de desarrollo adaptados a la vocación productiva de cada zona, ya sea turística, agrícola o comercial.
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En la nueva ley, una microempresa se define como una organización con ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 trabajadores, mientras que una pequeña empresa podrá facturar hasta 5.000 salarios mínimos anuales y emplear hasta 50 personas.
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