El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas, las primeras imputadas en la Operación Ghostbusters, por integrar una presunta red que utilizó identidades robadas para solicitar ayuda estudiantil federal en nombre de “estudiantes fantasma”.
Entre septiembre y octubre de 2026, las autoridades detectaron 830.840 identificadores de ayuda estudiantil potencialmente fraudulentos, vinculados a cerca de USD 130 millones, y recomendaron al Departamento de Educación que los desactivara.
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El mecanismo se basaba en el uso de identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para presentar solicitudes falsas de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) e inscribir a supuestos alumnos en colegios comunitarios y universidades.
Una vez aprobados los préstamos y subsidios, las instituciones descontaban la matrícula y las tasas correspondientes. El dinero restante se depositaba en cuentas bancarias controladas por los presuntos responsables, quienes lo transferían al exterior mediante intermediarios en Estados Unidos. Gran parte de los fondos terminó en Kenia.
Hasta el momento, el FBI cuantificó en más de USD 32 millones las pérdidas vinculadas con estos sospechosos específicos, aunque los investigadores estiman que el perjuicio total podría superar los USD 200 millones.
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La investigación abarca 26 oficinas del FBI y más de 40 casos abiertos
La operación comenzó tras una derivación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación al FBI de Richmond, Virginia. La investigación se amplió a más de 40 expedientes abiertos en 26 oficinas de campo del FBI y a más de 20 fiscalías federales.
En una conferencia de prensa, el fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, Colin M. McDonald, describió el caso como “un fraude organizado a gran escala”.
Los investigadores sostienen que algunos grupos utilizaron herramientas de inteligencia artificial para completar solicitudes y tareas académicas. A su vez, habrían simulado la presencia de estudiantes en clases virtuales o pagado a terceros para asistir a ellas, con el fin de mantener activas las inscripciones y prolongar el flujo de fondos.
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Según las autoridades, muchas de las víctimas nunca habían asistido a la universidad y algunas solo contaban con educación secundaria. Posteriormente, estas inscripciones fraudulentas afectaban su historial crediticio y les generaban deudas por estudios que nunca cursaron en instituciones ubicadas a cientos o miles de kilómetros de sus domicilios.
Los expedientes en Nueva Jersey, Virginia y Nebraska detallan el presunto desvío de fondos
En Nueva Jersey, las autoridades arrestaron a Mabed Patricia Utate-Alberto, Patricia Arisleydi Pérez y George Arturo Alfau Méndez por presuntamente actuar como intermediarios financieros en Estados Unidos.
Los acusados habrían recibido dinero obtenido mediante solicitudes FAFSA falsas y lo habrían enviado, tras retener una parte, a presuntos cómplices en Kenia vinculados con una empresa de safaris. El perjuicio estimado en ese expediente asciende a USD 1,5 millones.
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Otro acusado, ciudadano keniano cuya identidad permanece bajo reserva, enfrenta cargos en el Distrito Este de Virginia por una presunta conspiración para cometer fraude electrónico y fraude contra programas de ayuda estudiantil.
De acuerdo con la acusación, habría recibido más de 700 depósitos correspondientes a reembolsos fraudulentos, por un total aproximado de USD 1,44 millones, y habría realizado miles de operaciones para transferir al menos USD 1,3 millones a cuentas en Estados Unidos y Kenia.
En Nebraska, un gran jurado imputó al ciudadano keniano Francis Mogambi por cinco cargos de robo de fondos públicos y otros cinco de robo agravado de identidad. La fiscalía alega que, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, utilizó identidades ajenas para obtener ayuda financiera y que retenía el 30% de los fondos, mientras enviaba el resto a asociados en Kenia.
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El Departamento de Justicia detalló que Mogambi intentó incorporar a otra persona al plan. Según el expediente, le explicó los detalles de la operación, le aseguró que recibía pagos semanales de USD 2.000 derivados del esquema y afirmó que necesitaba un negocio para poder cobrar cheques de mayor importe y evitar el pago de impuestos.
El decomiso de criptomonedas fue posible con cooperación de las autoridades kenianas
Representantes de la División de Fraude y de otras agencias estadounidenses viajaron a Kenia en septiembre para impulsar solicitudes de extradición, procesos penales y la restitución de activos.
Con información proporcionada por las fuerzas de seguridad kenianas, los investigadores incautaron más de USD 750.000 en criptomonedas de una cuenta atribuida a un ciudadano de ese país vinculado con la red.
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El Departamento de Justicia calificó la medida como su primer decomiso internacional de este tipo en Kenia.
El fiscal McDonald advirtió a los defraudadores: “Si roban identidades estadounidenses, si roban el dinero de los contribuyentes, si explotan programas destinados a ayudar a los estudiantes a construir un futuro, los encontraremos. Ya sea que estén en Nebraska, Nueva Jersey, Virginia o Nairobi, los perseguiremos”.
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