El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó USD 270 millones en operaciones potencialmente vinculadas con fraudes a la ayuda estudiantil federal, tras analizar más de 20.000 movimientos financieros sospechosos detectados desde febrero de 2026.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) remitió los hallazgos a investigadores federales para que evalúen posibles pesquisas, informó Fox Business.
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El monto no equivale a una pérdida ya confirmada ni mide la totalidad del fraude. Corresponde a transacciones que las entidades financieras consideraron sospechosas y que podrían estar relacionadas con reembolsos de programas federales de ayuda para estudiantes.
Desde que FinCEN emitió en julio una alerta sobre estas maniobras, bancos y otras instituciones presentaron cerca de 100 informes de actividad sospechosa.
Los USD 270 millones surgieron de más de 20.000 movimientos bajo revisión
La alerta se concentró en los reembolsos que universidades y contratistas de pagos transfieren por vía electrónica a quienes reciben ayuda.
Esas operaciones pueden incluir referencias como “reembolso” y el nombre o las iniciales de una institución educativa, según el organismo.
El Tesoro advirtió que las redes que obtienen fondos de manera irregular pueden fragmentar o trasladar el dinero a través de intermediarios financieros, cuentas abiertas con datos falsos y empresas pantalla. El objetivo de esa cadena de operaciones sería dificultar el rastreo del origen de los recursos.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los programas federales deben ampliar el acceso a la educación, en lugar de beneficiar a quienes perjudican a estudiantes y contribuyentes.
“La administración Trump no tolerará a delincuentes que exploten programas gubernamentales para obtener beneficios personales”, declaró, según recogió Fox Business.
Las matrículas ficticias usan identidades robadas para pedir ayuda federal
Una de las modalidades descritas por las autoridades consiste en inscribir a supuestos alumnos para acceder a fondos destinados a estudiantes reales.
En estos casos, conocidos como esquemas de “estudiantes fantasma”, los responsables emplean datos personales sustraídos —como nombres y números de Seguridad Social— para completar matrículas y solicitudes de ayuda a nombre de las víctimas.
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También pueden mezclar información verdadera robada con datos inventados para crear identidades sintéticas que superen los controles de verificación.
El Departamento señaló que estas operaciones pueden apoyarse en intermediarios, agentes automatizados y herramientas de inteligencia artificial.
“La víctimas, incluidos menores de edad, con frecuencia no saben que alguien recibió ayuda estudiantil en su nombre”, indicó el organismo.
Si el engaño prospera, la persona afectada puede quedar asociada a una deuda educativa que no solicitó ni recibió.
Redes criminales reclutan personas reales para quedarse con los reembolsos
Otra variante utiliza a los llamados “estudiantes testaferros”. Las organizaciones pagan a personas reales para obtener sus datos personales, las inscriben en cursos y retienen los reembolsos de ayuda que se generan con esas matrículas.
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En determinados expedientes, empleados corruptos de instituciones educativas pueden colaborar en el reclutamiento o en la alteración de registros académicos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, aseguró que el Departamento de Educación incorporó este año una herramienta para detectar fraude en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).
Según la funcionaria, el sistema permite frenar irregularidades antes de que avance el trámite de ayuda. McMahon añadió que su departamento trabaja con el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, el despilfarro y el abuso.
De acuerdo con su declaración, la cooperación permitió ahorrar a los contribuyentes más de USD 2.000 millones en menos de dos años.
El Tesoro también participa en ese grupo, encabezado por el vicepresidente JD Vance. La dependencia pidió a quienes tengan información que comuniquen posibles casos de fraude, lavado de dinero, incumplimientos de sanciones o infracciones tributarias, mientras los investigadores federales analizan las operaciones identificadas por FinCEN.
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