Estados Unidos amplió este martes su presión económica sobre Irán con sanciones contra cinco personas y cinco entidades acusadas de facilitar la adquisición de armas, componentes tecnológicos y otros bienes destinados al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes. La medida alcanza a una red con operaciones en Asia y Medio Oriente y apunta a los intermediarios utilizados por Teherán para acceder a suministros vinculados con su estructura militar.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a su lista de sancionados a Asghar Alizadeh Tabatabai, representante del Ministerio de Defensa iraní en Beijing. Según la descripción estadounidense, el funcionario coordinaba desde China la compra de sistemas de armas completos y piezas consideradas de doble uso, es decir, productos y tecnologías que pueden tener aplicaciones civiles pero también ser empleados con fines militares.
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Entre los sancionados también figura Parisa Lali, vinculada en Teherán con la empresa Kavoshcom. Washington sostiene que la compañía suministró componentes electrónicos a organizaciones y empresas relacionadas con el aparato militar iraní. Su director ejecutivo, Ali Fotowat Almady, fue incluido igualmente en la medida.
El Tesoro señaló además que Fotowat Almady mantiene vínculos con la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO), estructura que Estados Unidos identifica como responsable del programa de misiles balísticos de Irán.
El paquete incorpora asimismo a Li Fen, ciudadana china vinculada a EC Mojo, una compañía con sede en Hong Kong. Según Washington, la empresa proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, además de bienes y servicios, al Ministerio de Defensa iraní.
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La lista se completa con Wasim Pasha Tajamal, presidente de Cavalier Group, una compañía privada de defensa con operaciones en Pakistán y actividad en mercados internacionales. También fueron sancionadas Cavalier Dynamics for Technologies Company, con sede en Arabia Saudita, y Cavalier Dynamics Teknoloji Ticaret Anonim Sirketi, radicada en Turquía.
Las nuevas designaciones forman parte de una campaña estadounidense para interrumpir las redes internacionales que permiten a Irán adquirir equipamiento y sostener sus programas militares. En junio, el Tesoro ya había sancionado a nueve personas y entidades relacionadas con la adquisición de armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ministerio de Defensa iraní. En aquella ocasión, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “No toleraremos ningún apoyo al ejército iraní”.
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Washington también ha advertido que su estrategia busca alcanzar a los intermediarios extranjeros que facilitan las operaciones iraníes. En septiembre, el Tesoro sostuvo que cualquier entidad que ayude a financiar, encubrir o facilitar las actividades del régimen puede quedar expuesta a las medidas estadounidenses y a restricciones sobre su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
La presión económica se desarrolla mientras continúa el enfrentamiento entre Washington y Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este martes que mantendrá su estrategia hasta conseguir una “disuasión permanente” y sostuvo que su objetivo es expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente. Su portavoz, el general de brigada Hosein Mohebi, declaró: “Hasta que no expulsemos a Estados Unidos de la región, hasta que no castiguemos al agresor y alcancemos una disuasión permanente para que nadie se atreva a atacar Irán, no cejaremos en nuestro empeño”.
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El intercambio de medidas ocurre además en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de petróleo. El presidente Donald Trump ha sostenido que Estados Unidos mantiene el control de la vía marítima, mientras Teherán afirma que las fuerzas estadounidenses permanecen alejadas de la zona.
En paralelo, el gobierno estadounidense continúa ampliando las áreas alcanzadas por sus sanciones contra Irán. En septiembre fueron incluidas decenas de compañías vinculadas al sector aéreo iraní y posteriormente entidades relacionadas con operaciones financieras y activos digitales, dentro de la campaña denominada “Operation Economic Outcast”.
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