Los vecinos de la pequeña localidad de Wrightwood, California, descubrieron en abril de 2025 que una empresa planea extraer carbonato de calcio de alta pureza en 170 hectáreas (420 acres) de Lone Pine Canyon, a apenas 6,4 kilómetros del pueblo. Además, el proceso se realizaría mediante voladuras —explosiones controladas— en pozos a cielo abierto de hasta 487 metros de profundidad.
Para cuando advirtieron la situación, el proyecto ya contaba con un respaldo legal obtenido en 2019 sin que casi nadie lo supiera, según difundió Los Angeles Times.
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La autorización clave se llama “vested rights” (derechos adquiridos de minería) y exime al proyecto de una revisión ambiental integral. La Comisión de Planificación del Condado de San Bernardino la aprobó ese año en dos audiencias que pasaron prácticamente desapercibidas: a la primera asistió apenas un miembro del público. La votación fue de 3 a 2 a favor.
La cantera tiene casi un siglo de historia pero lleva décadas sin actividad
El terreno tuvo su primera instalación en los años 1920, cuando Cajon Lime construyó una pequeña planta en la zona. En 1931, Michael P. Hannin adquirió la propiedad, y sus descendientes solicitaron los derechos adquiridos en 2018 argumentando que siempre tuvieron la intención de explotar los depósitos.
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Un geólogo del condado recomendó rechazar la solicitud al constatar que la extracción había estado inactiva mucho antes de que la ley estatal de minería superficial entrara en vigencia en 1976. La Comisión ordenó al geólogo revisar sus conclusiones y luego otorgó los derechos de todas formas.
En 2023, la propiedad fue vendida a Grand Lone Pine Canyon Enterprises LLC, cuyos integrantes incluyen a Treiss International Corp., empresa taiwanesa que se presenta como el mayor proveedor de la industria de laminación en frío de China. Las operaciones quedarían a cargo de California Carbonates Inc., de Carlsbad, con una duración prevista de al menos hasta el año 2175.
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Una publicación en Facebook desató la reacción de la comunidad
El mecanismo que alertó a los vecinos fue casual. Una residente publicó en Facebook una referencia al plan de recuperación del terreno que el condado proponía aprobar en versión abreviada.
La publicación llegó a Jim Emery, presidente del Wrightwood Fire Safe Council, quien convocó a funcionarios del condado para una reunión informativa el 21 de abril de 2025.
Las reuniones habituales del consejo reúnen a menos de 20 personas; aquella noche, el salón estuvo colmado. “Se sintió como una traición”, describió Jennifer Unibe en Los Angeles Times.
Tras la reunión, Unibe y Lyndsey Falb —vecina de Wrightwood desde hace más de 30 años— formaron junto a otros residentes la Lone Pine Canyon Protection Alliance (LLCPA), que recaudó fondos, produjo merchandising con su logo y reunió más de 7.600 firmas exigiendo una revisión ambiental completa.
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Legisladores y organismos estatales respaldaron el reclamo, pero el proyecto sigue en pie
La representante Judy Chu (demócrata por Monterey Park) y la senadora estatal Suzette Martinez Valladares (republicana por Acton) enviaron cartas al condado en mayo instando a un mayor escrutinio. Debido a esto, el funcionario Chu, escribió: “Este proyecto tendría consecuencias devastadoras y duraderas para la región circundante”.
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California también presentó una carta de 25 páginas con preocupaciones sobre el impacto en un corredor de fauna que conecta las sierras de San Gabriel y San Bernardino, crítico para especies como el abejorro, el borrego cimarrón del desierto y el águila real.
Los residentes alegan que nunca fueron notificados de las audiencias de 2019
En julio de 2025, la LLCPA y tres residentes presentaron una petición judicial para que el condado reconsidere la autorización. Henry Josefberg, abogado de la alianza, argumenta que el otorgamiento fue incorrecto porque la actividad extractiva no se había producido en el terreno en los años previos a 1976, condición que la ley estatal exige.
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El condado notificó en 2019 a solo tres propietarios dentro de un radio de 396 metros y publicó un aviso en el San Bernardino Sun, un periódico de escasa circulación en Wrightwood.
Sumado a esto, los abogados del condado respondieron que los demandantes debieron haber apelado la decisión dentro de los 90 días de su aprobación. Josefberg rebatió que es imposible apelar una decisión que se desconoce. “No es que no nos importara todo este tiempo. Es que nadie lo sabía”, dijo Melissa Manning, integrante de la junta de la alianza.
La audiencia judicial inicial está programada para el 19 de enero de 2026. La sesión de la Comisión para tratar el plan de recuperación, prevista para el 6 de agosto, fue postergada a pedido del propietario de la cantera sin nueva fecha confirmada.
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Manning, que vivió la evacuación del incendio Bridge en 2024 atrapada en un embotellamiento sobre la Autopista 2, teme que el tráfico de camiones pesados tape Lone Pine Canyon Road, la única salida alternativa del pueblo. “Podríamos morir quemados”, concluyó.
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