Estados Unidos sancionó a 11 entidades de la dictadura de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar

Estados Unidos endureció este jueves la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.

El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.

La administración estadounidense señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.

“El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.

Entre las empresas alcanzadas aparecen SERCONI, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.

Las sanciones también afectan a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, vinculado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, relacionado con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Washington incluyó además a tres responsables de esas estructuras militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por Estados Unidos durante 2026 contra organismos estatales, empresas y funcionarios cubanos. En agosto, por ejemplo, fueron sancionadas entidades relacionadas con la importación de equipamiento militar y la cooperación de defensa, mientras que en junio las designaciones incluyeron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El marco jurídico utilizado en esta nueva ronda es la Orden Ejecutiva 14404, que permite imponer restricciones contra personas y organizaciones vinculadas, entre otros criterios, con la represión en Cuba y con actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Los bienes y participaciones de los sancionados que estén en territorio estadounidense, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También quedan alcanzadas las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas.

Además, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar operaciones con los activos de los sancionados, salvo que exista una autorización específica o general de OFAC. El riesgo también puede extenderse a entidades extranjeras que mantengan determinadas relaciones comerciales con los sectores cubanos incluidos en la orden.

El Departamento de Estado advirtió que “las personas extranjeras que participen en transacciones” con individuos designados o que operen en sectores cubanos alcanzados por la normativa pueden quedar expuestas a nuevas sanciones.

La ofensiva se produce después de varias rondas de designaciones durante 2026. El 3 de septiembre, OFAC incorporó al listado de sancionados a nuevas empresas cubanas, entre ellas entidades financieras y compañías vinculadas al combustible y al níquel.

Rubio afirmó que el objetivo de la política estadounidense es modificar el comportamiento de las estructuras alcanzadas por las sanciones y sostuvo que la Casa Blanca continuará utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano.

El régimen cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o empresariales clave, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El dictador Raúl Castro está inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996.