El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló este lunes la condena de Jaime Tovar-Durán, un ciudadano mexicano hallado culpable en 2020 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, al determinar que los fiscales ocultaron que dos de los tres agentes de la Patrulla Fronteriza que testificaron en su contra eran miembros de un grupo privado de Facebook con contenido racista y misógino.
El panel de tres jueces concluyó que el gobierno violó su obligación constitucional de divulgar pruebas relevantes.
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La jueza del circuito Ana de Alba, autora del fallo, sostuvo que “la actividad de los testigos en esa página podría constituir prueba sólida de sesgo contra personas no ciudadanas”, según recogió The New York Times. El tribunal ordenó a un tribunal inferior determinar si ese ocultamiento influyó en el veredicto.
El grupo fue expuesto en 2019 y derivó en una investigación del Congreso
En julio de 2019, el medio de investigación ProPublica expuso la existencia del grupo, llamado “I’m 10-15” —código de radio de la Patrulla Fronteriza para referirse a inmigrantes detenidos sin documentos— y con unos 9.500 miembros entre agentes en actividad y retirados.
Allí se burlaban de migrantes muertos, publicaban imágenes sexualmente explícitas de legisladoras latinas y cuestionaban si la foto de un padre y su hija ahogados en el Río Grande era real.
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El escándalo derivó en una investigación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que determinó que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) conocía las irregularidades desde agosto de 2016 pero no actuó hasta que los medios comenzaron a cubrir el caso.
Aunque el comité disciplinario recomendó despedir a dos docenas de agentes, solo dos perdieron su empleo. El CBP declaró que las publicaciones discriminatorias violaban los estándares de conducta, pero que la mera membresía en el grupo no conllevaría sanción automática.
Los fiscales admitieron tarde la pertenencia de los agentes al grupo
Según documentos judiciales, Tovar-Durán fue detenido en noviembre de 2019 a unos 5 kilómetros (tres millas) del puerto de entrada de Tecate, en California, pocos días después de haber sido deportado a México.
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Un agente declaró que el detenido admitió ser ciudadano mexicano sin documentos que lo habilitaran a permanecer en el país.
Inicialmente, los fiscales aseguraron que ninguno de los agentes involucrados pertenecía al grupo. Sin embargo, poco antes del juicio informaron a la defensa que dos de sus tres testigos —uno que declaró haber entrevistado a Tovar-Durán y otro que revisó sus registros migratorios— habían formado parte del grupo. Sostuvieron que esos testigos no recordaban haber publicado ni reaccionado a contenido allí.
El juez de primera instancia había validado la condena pese al hallazgo
El juez de primera instancia rechazó los pedidos de la defensa para que los fiscales entregaran información completa sobre la membresía de los agentes, y sostuvo que las pruebas existentes eran suficientes para sustentar el veredicto.
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El tribunal de apelaciones discrepó y determinó que no podía establecerse con certeza si el ocultamiento había perjudicado al acusado.
Kim Hutchison, abogada de Tovar-Durán, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times que el fallo demuestra la necesidad del debido proceso. El gobierno “intentó usar atajos como no ofrecer un descubrimiento de pruebas completo”, señaló.
Advirtió además que, dado que su cliente reside en México, no está claro cómo continuará el proceso, ya que podría no estar en condiciones de comparecer en persona.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las consultas sobre si los agentes implicados en el caso recibieron medidas disciplinarias.
En un comunicado, el CBP indicó que no comenta sobre casos individuales de personal, pero que la agencia “exige a cada empleado los más altos estándares de integridad y conducta, tanto dentro como fuera del servicio”.
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