Nueva York confiscó propiedades y ahora podría pagar una indemnización de USD 60 millones

Nueva York acordó pagarle USD 60 millones a propietarios a quienes el municipio les confiscó sus viviendas sin compensación bajo un programa que lleva en suspenso desde 2019 y que el alcalde Zohran Mamdani busca ahora reactivar, según detalló The New York Times.

El acuerdo, presentado ante un tribunal federal de Manhattan, resuelve parte de una demanda colectiva iniciada en 2019 que cuestionó la constitucionalidad del programa conocido como Transferencia a Terceros (TPT, por sus siglas en inglés).

La acción judicial alegó que la ciudad se apoderó de docenas de propiedades en comunidades de mayoría negra y latina sin notificar a sus dueños ni pagarles el valor real de los inmuebles. El acuerdo todavía requiere la aprobación de un juez federal.

El programa TPT permitió confiscar propiedades con deudas mínimas desde 1996

Creado en 1996 durante la administración de Rudy Giuliani, el TPT le otorgó a Nueva York la facultad de embargar edificios a propietarios con deudas de impuestos o violaciones al código habitacional y transferirlos a una organización sin fines de lucro llamada Neighborhood Restore, que luego buscaba un desarrollador de vivienda accesible para hacerse cargo. La deuda quedaba perdonada y la transferencia se hacía sin cargo.

El programa también incluía un componente conocido como “block pickup”, que autorizaba al municipio a confiscar no solo la propiedad en falta sino todos los edificios en la misma manzana, aunque sus dueños debieran apenas una cantidad modesta en impuestos.

“Podían deber mil dólares sobre una propiedad de un millón, y aun así confiscársela”, dijo Alexander Simkin, uno de los abogados de los demandantes, en declaraciones recogidas por el New York Post.

En sus 10 rondas de ejecución, el programa transfirió más de 590 propiedades que incluyen más de 7.300 viviendas, según los documentos judiciales.

El acuerdo de USD 60 millones —uno de los más grandes pagados por la ciudad en la última década, de acuerdo con el estudio jurídico Ropes & Gray, que lideró la representación pro bono— cubre únicamente las 64 propiedades con alrededor de 839 unidades confiscadas durante la décima ronda, en 2017 y 2018. Más de 500 propiedades de rondas anteriores continúan dentro de la demanda colectiva.

El Concejo detectó en 2019 que muchas propiedades no cumplían los criterios de confiscación

Una investigación del Concejo Municipal de Nueva York publicada ese año determinó que varias de las viviendas embargadas no alcanzaban la definición oficial de “grave angustia financiera o física” que exigía el propio programa.

Los críticos señalaron además que el TPT tenía un impacto desproporcionado sobre el Bronx y Brooklyn, los dos distritos con mayor concentración de comunidades de color.

El buffet Ropes & Gray, compartió que aproximadamente la mitad de las propiedades incluidas en la ronda más reciente se ubicaban en vecindarios con mayoría de residentes negros y latinos.

“Cientos de familias neoyorquinas, abrumadoramente en comunidades de color, perdieron sus hogares y el patrimonio acumulado durante generaciones, sin compensación y sin un día en la corte”, declaró Gregg Weiner, codirector global de litigios del estudio.

Un caso destacado: pagaba su deuda cuando la ciudad le confiscó su edificio

El caso más emblemático de la demanda es el de McConnell Dorce, un ex conductor de ambulancias retirado que era dueño de un edificio de apartamentos en East Flatbush, Brooklyn, desde 1977. El inmueble estaba libre de hipoteca desde 2012. Al acumular deudas de agua y alcantarillado, Dorce ingresó a un plan de pagos con la ciudad.

El municipio igualmente confiscó su propiedad sin avisarle, y siguió cobrándole las cuotas del plan de pagos sin informarle que el edificio ya no le pertenecía, según los documentos del caso. Dorce nunca recibió compensación. Murió en febrero de este año, antes de conocer el resultado del juicio.

“Es desgarrador, y lo es particularmente porque el señor Dorce no vivió para ver el resultado”, dijo Sara Kane, una de las abogadas de los demandantes, en declaraciones al New York Post.

Demanda reactivada tras un fallo unánime de la Corte Suprema en 2023

La acción judicial fue presentada en 2019 en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York y fue desestimada inicialmente por razones jurisdiccionales. En 2021, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa decisión y habilitó a los demandantes a reclamar el valor de sus propiedades por encima de lo que adeudaban.

El impulso definitivo llegó con el fallo unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Tyler v. Hennepin County (2023), que declaró inconstitucional la retención gubernamental del valor en exceso de la deuda cuando se confisca y vende una propiedad privada. Tras ese precedente, las partes iniciaron un proceso de mediación que culminó en el acuerdo de 2025.

Andrew Stern, portavoz del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York, sostuvo que la ciudad “mantiene que la transferencia de propiedades no violó los derechos de los antiguos propietarios”, pero que el acuerdo busca “resolver este litigio prolongado”.

Stern también añadió que cualquier reactivación del TPT se haría “de una manera que aborde las preocupaciones planteadas en estos juicios”.

Mientras que la concejal Pierina Sanchez, del Bronx que preside el comité de vivienda del Concejo, impulsa un proyecto de ley que eliminaría el “block pickup” y establecería un sistema para identificar a los peores propietarios.